Locales | 22 Mar Cuidadoras de Alternativa Familiar del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay entablaron acciones legales contra el INAU por la situación irregular en la que están trabajando. Estas funcionarias de hecho del INAU, que brindan contención familiar a bebés, niños y adolescentes, ni siquiera perciben un salario mínimo.
Dado que no ha habido respuesta a sus constantes reclamos en forma extrajudicial, han resuelto iniciar acciones legales. El escrito de petición administrativa, presentado por el abogado Sergio Rodríguez ante la presidencia del organismo, fue firmado por 34 cuidadoras de Paysandú, Fray Bentos y Young.
El doctor Rodríguez tenía agendada una reunión con la presidenta del INAU, Nora Castro, el pasado jueves, pero no fue recibido pues la jerarca estaba atendiendo asuntos relacionados con una dependencia. “Fuimos atendidos por un asesor legal de la presidencia, quien nos prometió poner en estudio el escrito y ver la viabilidad de una solución”, explicó a EL TELEGRAFO.
El escrito comprende un conjunto de reclamos de varios años. Como “la regularización de la situación laboral de las funcionarias. Si uno empieza a sacar detalles, para que la opinión pública vea la gravedad de la situación, encontramos que ni siquiera perciben un salario mínimo, y esto es desde que ingresan a la función de cuidadoras. Cada una tiene su historia particular de trabajo. Las más antiguas ingresaron en el ‘84, otras en el ’89 y otras en 2005 y 2006. A lo largo de todos estos años percibieron una retribución por su trabajo, que hoy es prácticamente el 50% de un salario mínimo”, explicó.
“El instituto hace los aportes a la seguridad social por esa cantidad. Además reciben otros beneficios propios de los funcionarios públicos, como la prima por antigüedad, el hogar constituido y, en algunos casos, cuando tienen menores discapacitados a cargo, a las funcionarias se les paga un porcentaje de la retribución, al que acceden después de una serie de trámites”, señaló. Enfatizó que en estos casos, se trata de menores con necesidades especiales --pañales, medicamentos, entre otros-- lo que lleva a que “muchas funcionarias tienen que sacar del dinero de su retribución o incluso de los ingresos de sus esposos u otros familiares para poder solventar una mejor calidad de vida a estos menores”.
El abogado, que creció en el ámbito de Alternativa Familiar, destacó que esta es una parte del instituto que brinda protección integral de tiempo completo a los menores, es decir, todo el día. “La parte de las cuidadoras viene a funcionar como una familia sustituta, por eso popularmente se las conoce como ‘madres sustitutas’”.
“Con el paso del tiempo, en los hechos, los niños muchas veces forman parte de la familia. Por lo tanto, el trabajo de las cuidadoras no sabe de horarios, de descanso semanal o licencias anuales, nunca tuvieron. Eso es algo que el instituto debería rediseñar; un reglamento o estatuto de la cuidadora que comprenda todas estas insatisfacciones desde el punto de vista laboral”, dijo.
Recordó que hoy existe crisis en el instituto, sin embargo, las cuidadoras de Alternativa Familiar “dan contención a prácticamente 1.500 bebés, niños y adolescentes y tiene la mejor calidad de atención porque están en una familia”.
CARRERA FUNCIONAL
La petición reclama la recomposición de la carrera funcional. Rodríguez indicó que “hay muchísimas leyes, la más importante del año ‘85 que equipara a la cuidadora al funcionario Escalafón A Grado 1 en la remuneración”, pero que “nunca hemos visto que se haya cumplido”.
“En una serie de leyes desde la década del ’40 hasta la actualidad, ellas tuvieron un techo en la protección salarial que fue en el año ’85 y después las posteriores leyes han ido descendiendo la protección del salario. Por lo que, y en atención a los principios del Derecho Laboral, tenemos que tomar la ley que mejor las trata, que es la 15.809, y reclamar su aplicación”, explicó.
Acotó que se hace “regir la situación por el derecho laboral, no por el derecho público, dado que el organismo sostiene a ultranza que no son funcionarias públicas. Pero si no son funcionarias públicas, son funcionarias privadas, pero son trabajadoras y eso es un hecho. Además, el instituto les hace aportes con el vínculo de empleadas”.
Entiende que se “han violentado derechos humanos, también consagrados en la Constitución, como el derecho al trabajo. El artículo 54 de la Constitución dice que el trabajo merece protección especial. Incluso dice que el trabajo de la mujer merece una protección especialísima de la ley. En este caso, entendemos que las cuidadoras, cerca de 400 que hay en todo el país, por supuesto son todas mujeres, y que de alguna manera han sido postergadas, emplazadas, discriminadas en el tratamiento que ha merecido su trabajo”.
ESPERANZA
El profesional espera que no sea necesario llegar a una acción de reparación por cobro de pesos contra el Estado en el servicio descentralizado INAU. “Optamos por agotar las vías administrativas porque entendemos que va a ser una instancia de posible conciliación y convenio entre las partes”, dijo. El organismo tiene 150 días para responder a la petición. Si no lo hiciera, se presentará un recurso de revocación y anulación y el organismo tendrá para responder dentro de los 200 días, vencidos los cuales se presentarían en un juzgado de lo Contencioso Administrativo para un juicio por reparación de daños y perjuicios.
Las cuidadoras Angela Rodríguez, Blanca Medina, Julia Etchegoyen y Lucía Romero señalaron que iniciaron estas acciones “cansadas de golpear puertas en todos lados” y “escuchar promesas” que luego no se concretaban.
El cambio en el directorio del INAU las impulsó a tomar esta decisión, entendiendo que esto significaría “comenzar desde cero” a plantear sus reclamos. Expresaron su sorpresa de que desde el año ‘47 hasta hoy han habido muchas leyes y sin embargo nunca se les aplicó. “Es una falta de respeto total hacia nosotros y hacia los niños que tenemos. Porque sabiendo que nosotras estamos mejor como trabajadoras, sabiendo que tenemos respaldo, trabajaríamos mucho mejor. Hoy en día, con la situación que tenemos, no podemos sostener más con lo que ganamos a los niños, dándoles lo básico. Sinceramente, no podemos más”, dijo Rodríguez.
Destacaron el arduo trabajo y el compromiso emocional que requiere el cuidado de estos niños, en el que también se involucran las familias de las cuidadoras. Aseguraron que cuentan con el apoyo de la jefa local del INAU, Mónica Inella, y del equipo técnico, pero que la situación laboral escapa a la Jefatura departamental. Indicaron que no temen represalias pues consideran que cumplen con su trabajo correctamente. “Esperamos tener buenas respuestas y que se solucione pronto todo esto, en forma legal como tiene que ser”, afirmó Medina.