ESCRIBE EL DOCTOR RODOLFO CANABAL 

Locales | 24 Mar Está totalmente fuera de controversia o de duda que nuestro régimen institucional, de acuerdo con muy precisas fórmulas insertas en la Constitución ya desde 1930, establece  derechos fundamentales del ciudadano, plena  libertad para adoptarlos y  garantías para su vigencia.
Entre ellas es oportuno citar, en primer término, el artículo 7º,  así redactado: “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general”.
También el 29º, que dice: “Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren”.
La mención de dichos preceptos, redactados con claridad total, está motivada por actitudes que se han conocido, provenientes de integrantes de círculos oficiales, que traducen que allí se han dado episodios que, insólitamente, no concuerdan con lo que resulta de tales disposiciones de nuestro sistema democrático, y fundamentalmente con lo que ha sido normal en el funcionamiento de las instituciones.
Trascendió en fecha reciente que la especialista en “energía nuclear” Diva Puig, suplente del senador Ruperto Long en la Comisión de Energía Nuclear instalada por el gobierno,  no obstante haber sido oportunamente invitada por la Agencia Internacional de Energía a participar allí en función de su reconocida especialización, fue dada de baja en forma sorpresiva de la lista de los expositores de un  seminario sobre energía nuclear organizado en conjunto por dicha Agencia y por autoridades nacionales. También se ha informado que ha habido otros casos de exclusiones de quienes habían sido anunciados como expositores en seminarios, como fueron, por ejemplo,  los  casos del actual senador contador Isaac Alfie y  del economista Javier de Haedo,  y  otros.
Causa ciertamente mucha preocupación que tales situaciones se hayan suscitado en ámbitos regidos por las actuales autoridades, pues traducen una forma de actuación que disiente profundamente con lo que corresponde ante el ejercicio de las libertades de opinión y de su  expresión pública, que han sido, se reitera, práctica invariable que mucho ha prestigiado al país y a su régimen institucional y de garantías.
Si a ello se agrega el reciente episodio conformado por la actitud de un alto funcionario del servicio de información de Presidencia de calificar como “gusano” a un periodista, es evidente que cabe públicamente pedir, y descontar que ello será debidamente atendido, que quien ejerce el supremo mando presidencial imparta severas directivas tendientes a imponer a todos los servicios oficiales el cabal cumplimiento de los deberes derivados de nuestro régimen constitucional y de nuestras prácticas ajustadas a los principios democráticos que en sustancia han profundamente respetado la libertad de opinión.