Nacionales | 20 Mar La justicia dispuso la libertad de la esposa del empresario colombiano David Murcia Guzmán, acusado de una millonaria estafa bajo la modalidad de “pirámides financieras”, luego de que la fiscalía de Colombia desistiera del pedido de extradición. El abogado defensor de la mujer ya solicitó refugio territorial para ella y otras nueve personas de su familia.
La resolución de la jueza Graciela Gatti, especializada en crimen organizado, se basó en la comunicación oficial del Fiscal General de Colombia, Mario Iguarán, “expresando que desistía de hacer efectiva la extradición”, de Johana Ivette León, informó la Suprema Corte de Justicia.
León, vicepresidenta de la intervenida financiera DMG, una de las empresas ilegales captadoras de capitales que prometieron rendimientos de hasta un 300% con el dinero de nuevos clientes, hasta quebrar o huir con los fondos, fue detenida por Interpol el pasado 13 de enero en Montevideo, acusada de los delitos de “lavado de activos, estafa y captación ilegal de divisas”.
“Ella (León) está muy contenta y agradecida a la justicia y a las autoridades uruguayas por el trato recibido mientras permaneció bajo arresto administrativo”, dijo su abogado defensor Diego Camaño. El jurista anunció que tras la libertad de su defendida, solicitó el “refugio territorial ante la cancillería uruguaya, para ella y otras nueve personas integrantes de su familia, incluidos tres niños”.
Camaño fundamentó la solicitud “en el riesgo inminente de un pedido de expulsión de Colombia y la clara persecución de la que es víctima” León, quien dentro del plazo de 90 días que posee para expedirse el gobierno uruguayo, acerca del recurso, “tramitará el documento de identidad nacional”.
El 16 de febrero, el magistrado Jorge Díaz hizo lugar a la solicitud de extradición presentada oportunamente por Colombia, habilitando a que León sea juzgada en su país por el delito de “lavado de activos procedentes del narcotráfico”. Pero la Fiscalía colombiana subrayó en un comunicado que los condicionamientos de las autoridades uruguayas para conceder la extradición, significaría que no podrían “juzgarla por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y captación masiva, lo que generaría impunidad”.