Locales | 24 Mar En la sesión del jueves último el plenario de la Junta Departamental aprobó con los votos de las bancadas del Frente Amplio y el Partido Colorado, el informe en mayoría de la Comisión de Presupuesto que recomendaba no aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas y conceder la anuencia respectiva a la Intendencia para aplicar esos regímenes excepcionales en beneficio de los contribuyentes.
El trabajo señalaba que el 29 de diciembre de 2008, en forma provisoria pero por unanimidad, el cuerpo decidió aprobar dichas bonificaciones que fueron remitidas al Tribunal de Cuentas para su intervención. “Dicho tribunal se expide indicando que se ha dado cumplimiento a las normativas vigentes y que no tiene observaciones que formular, excepto las que alcanzan al Impuesto de Contribución Inmobiliaria Rural, dado que se trata de un impuesto cuyo origen legal estuvo determinado por ley (nacional), por lo tanto determinar una bonificación excede la potestad tributaria del gobierno departamental, siendo ello competencia del Legislativo nacional. Quienes informan no desconocían que esta observación iba a tener lugar, pero con igual criterio que los dos años anteriores y con la finalidad de otorgar a todos los contribuyentes un trato igualitario, resolvieron no aceptar las observaciones a efectos de que dichas bonificaciones queden firmes, dando por lo tanto aprobación definitiva a las anuencias solicitadas”.
Ese informe, con la firma de los ediles Aldo Boffano, Nancy Fontora, Julio Etcheverry, Nil-da Belvisi y David Helguera, autoriza a aplicar a padrones con pago regular y condición de buen pagador, una bonificación del 15% a partir del año 1995 y del 5% a partir de 2000. Asimismo, un 10% de descuento en concepto de pronto pago de los tributos recaudados por la IDP para aquellos contribuyentes que abonaren el total de los mismos dentro de los dos primeros meses del ejercicio 2009.
Posición nacionalista
El representante del Partido Nacional en dicha comisión, Roque Jesús, dio su informe en discordancia expresando que “quien suscribe, más allá de compartir el espíritu de que se debe dar un trato igualitario a todos los contribuyentes, entiende que las bonificaciones que alcanzan a la Contribución Inmobiliaria Rural no se ajustan a la normativa que se exige, ameritando una modificación por los legisladores nacionales para lograrlas. Por lo expuesto, resuelve aceptar las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas”.