Opinion | 20 Mar En los últimos días volvió a ser tema central el reclamo policial por el no cobro de los jornales del servicio 222. La situación no es novedosa para la familia policial y tampoco patrimonio exclusivo de un departamento.
Los deudores son básicamente los organismos estatales UTE, OSE y Antel, en tanto en contrapartida las empresas privadas y los particulares que contratan el mismo servicio cumplen como corresponde el pago del servicio brindado. Sin embargo las jefaturas no vierten los recursos hasta tanto no reciben todo el dinero.
Los policías que prestan este servicio lo hacen en procura de fortalecer el salario y para obtener un complemento que permita mejorar sus ingresos. Lo hacen con el legítimo interés de brindar a sus familias una mejor calidad de vida e incluso muchos de ellos en procura de proporcionarles las condiciones mínimas de subsistencia.
Cuando uno trabaja tiene el derecho de recibir en tiempo y forma su salario. Resulta lamentable que cada dos o tres meses la situación vuelva a repetirse y que sean siempre los mismos los que están retrasados en el pago. ¿Por qué UTE, OSE o Antel se atrasan siempre en la misma cuenta? ¿Si pasan un solo mes sin pagar a sus propios funcionarios el servicio se sigue cumpliendo como pasa con los policías? Al mismo policía que no se le paga el sueldo porque un organismo público adeuda el pago correspondiente se le corta el servicio en su domicilio o al menos se le aplican onerosas multas y recargos.
Las soluciones deberían ser definitivas. El propio Estado que se ha declarado como abanderado de los derechos de los trabajadores permite esta situación y deja que se repita una y otra vez. Si se demora tres meses en pagar el salario, al menos debería pagarse una multa que justifique la espera.