Opinion | 27 Mar La denominada ley de cuota femenina tiende a establecer por vía legal una participación mínima de mujeres en política, que se sitúa por lo menos en una mujer cada dos hombres en las listas en las próximas elecciones internas, en tanto este régimen se aplicará recién en 2014 en el caso de las correspondientes a los comicios nacionales y departamentales.
El proyecto fue promovido con carácter “grave y urgente” por los legisladores del Frente Amplio, y contó también con los votos de la oposición --muchos diputados oficialistas dijeron que discrepaban con la norma pero que votaban afirmativamente por disciplina partidaria--, salvo tres nacionalistas que no estuvieron de acuerdo con la pertinencia de la norma, aunque no así con la intención de incluir a las mujeres en la vida política del país.
Claro que no siempre la intención cuenta, sino también el fondo del asunto. Y las consideraciones no pueden ponerse en blanco y negro, como en tantos órdenes de la vida, porque la discriminación “positiva”, como se quiere hacer ver, sigue siendo discriminación.
Es cierto, como se fundamentó en la sesión, que la representación femenina en el Parlamento, que es de solo el 10% de legisladoras, cuando la población femenina es poco más del 50% del total del país, no es representativa de esta relación, pero la enmienda resulta peor que el soneto cuando se quiere imponer una representación, sin tener en cuenta realidades que son mucho más complejas que una cosa de números.
Entre otros cuestionamientos, la legisladora del MPP Ivonne Pasada dudó de la efectividad de la cuotificación y sostuvo que con ese criterio deberían promoverse proyectos que contemplen a otros sectores de la población, como los jóvenes y los negros, en tanto su colega nacionalista Gustavo Borsari calificó de “error” el hecho de acceder a una banca en el Parlamento por la mera condición de ser hombre o mujer e insistió en que las mujeres “deben participar, pero no de esta manera”.
Y creemos que este es precisamente el asunto: es delirante que por ley se otorguen espacios que la mujer está en condiciones de ganar por sí misma, como ha hecho en tantas áreas, porque ha sido de su interés y lo ha incorporado entre sus inclinaciones y prioridades, ante una nueva realidad social que se ha extendido primero en los países desarrollados y luego en el resto del mundo, incluyendo el Uruguay, donde aumentan día a día el número de familias uniparentales, las uniones concubinarias y la consecuente irrupción de la mujer en el ámbito laboral como proveedora del sustento de la familia.
Precisamente la mujer no solo se ha integrado a la fuerza laboral, sino que también es amplia mayoría en centros de estudio y en determinadas carreras universitarias, sin ninguna necesidad de cuotificación ni de incentivo especial por su condición de ser del sexo femenino. Lo ha hecho, y está muy bien, porque ha considerado que debía hacerlo para mejorar su situación, aspirar a mejores ingresos y seguramente también porque tiene mucho que ver con su orientación, sus gustos, sus objetivos en la vida y la búsqueda de un medio para superarse.
Y a nadie se le ha ocurrido por ello establecer cuotas para que los hombres constituyan obligatoriamente determinado porcentaje mínimo de quienes estudian medicina, abogacía, notariado, y eventualmente la carrera de maestro, donde las mujeres son más del 90% de quienes siguen esta profesión, como es también el caso de enfermería, solo porque sería equitativa una distribución por partes iguales teniendo en cuenta la relación de uno y otro sexo en el total de la población.
La respuesta no debe buscarse por lo tanto a través de la imposición de cuotas, por cuanto si la mujer no participa más en política es simplemente porque no le interesa, desde que tiene medios para hacerse espacios y las que lo han intentado lo han encontrado por fuerza de méritos propios y no en base a porcentajes legales por encima de capacidades.
Es por lo tanto denigrante para la mujer que su participación en política esté ligada a una simple cuotificación legal, por lo que de acceder a una silla en las cámaras queda en duda la idoneidad, los méritos y la capacidad de la persona.