Opinion | 29 Mar A medida que comienza a manifestarse con mayor notoriedad la crisis financiera internacional en la economía uruguaya, sobre todo a partir del cierre de mercados para varios de nuestros productos de exportación, aumentan las presiones de grupos corporativos en procura de salvar su parte en caso de que las cosas pasen a mayores, con cláusulas de seguridad y salvaguarda para recibir incrementos salariales con “recuperación” y por encima de la inflación del período.
Este planteo delirante proviene sobre todo de las gremiales de funcionarios públicos, que han encontrado en este gobierno un socio que ha atendido varias de sus reivindicaciones sin a la vez incorporar alguna contrapartida de mejora en servicios y productividad, como se hace en todas partes del mundo, por lo que el ciudadano uruguayo, el usuario, sigue pagando más para recibir la misma atención deficitaria y desinterés de siempre de los empleados de “sus” empresas públicas.
La cosa anduvo más o menos en sintonía mientras duró la época de bonanza debido al favorable escenario internacional, hasta fines del año pasado, lo que igualmente dio tiempo a que se incorporaran por Rendición de Cuentas mejoras y aumento del presupuesto como si los ingresos excepcionales fueran a durar para siempre, y así nos encontramos ante un año 2009 en que ya se nota una caída notoria en la actividad que indefectiblemente va a repercutir en las finanzas públicas por vía de una menor recaudación.
Ante un menor ingreso, el gobierno debería tener margen de maniobra para reducir el gasto público y así tender a nivelar el desfasaje entre ingresos y egresos, si se hubiera tenido un mínimo de prudencia para instrumentar políticas contracíclicas y generar un colchón que permitiera atemperar el déficit cuando se nos viniera encima el período de las vacas flacas, que ya se está manifestando.
Pero se apostó a que la tendencia se mantendría por lo menos un año más y que habría tiempo para seguir “tirando” hasta después de las elecciones. La realidad en cambio ha dado poco margen para enmendar errores en tan poco tiempo, y así el gobierno se encuentra –aunque no lo reconoce, por supuesto-- que debe hacer frente antes de lo previsto a las consecuencias de su visión cerrada y unilateral de la realidad, cuando día a día se sumaban voces –incluyendo la nuestra— de que era tiempo de ser prudentes, cuando ya se había instalado la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y se venía su repercusión internacional en poco tiempo. Ahora el dilema está planteado en quién va a pagar el duro precio de la imprevisión del gobierno ante este nuevo escenario que intentó negar durante tanto tiempo, y que en el colmo de su asintonía con la realidad está anunciando medidas “anticíclicas” cuando hace ya rato que perdió la oportunidad de hacerlo.
El Poder Ejecutivo ha advertido que el precio de la crisis no lo van pagar los trabajadores, pero no aclaró si ello se aplica solo para los funcionarios estatales, que tienen inamovilidad y empresas que no se van a fundir porque todos las sostenemos con nuestros impuestos y una administración central aún menos afectada, porque en el campo de la actividad privada ya la cosa viene por otros carriles. Cabe la pregunta de cómo puede el Ejecutivo hacer tales aseveraciones, si resulta imposible predecir cuántas empresas privadas pueden verse obligadas a reducir personal o hasta cerrar. De ahí que el voluntarista anuncio de que no se va a afectar el gasto social carece de todo sentido, desde que la sociedad toda va a sentir con dureza el impacto si la carga no se distribuye en forma más equitativa para poder sobrellevar los tiempos complicados, con un panorama agravado porque la Adminstración Vázquez se quedó sin margen de maniobra por haberse gastado todo el aumento de la recaudación.
El haber actuado de esta forma se volverá precisamente contra aquellos a los que se dice proteger, porque la soga se corta por el lado más débil, en este caso los sectores de ingresos fijos que no están respaldados por grupos de presión como COFE, que procura seguir de largo con “recuperación” como si estuviera en otro planeta.
No cuesta mucho inferir que los incrementos que sigue reclamando, aunque sean justos en esencia para amplios sectores de la actividad pública, van a ser a costa de los aportes del sector privado, tanto de empresas como trabajadores, que sí van a sentir el impacto de la crisis en desempleo, reducción de horas de actividad, pérdida de rentabilidad y hasta cierre de empresas.
Por lo tanto, es hora de que la “solidaridad” que se invoca en un solo sentido, se aplique en la realidad, y se genere una discusión realmente profunda y desprejuiciada, con todas las cartas sobre la mesa, entre trabajadores, actores sociales, empresarios y gobierno, en procura de acordar acciones que permitan distribuir más equitativamente el costo hasta superar el trance, si es que realmente se quiere hacer algo serio más allá de entregar el fierro caliente al próximo gobierno.