Locales | 27 Mar El doctor Nicolás Olivera, uno de los asesores legales del grupo de colonos que ha resuelto iniciar acciones colectivas de inconstitucionalidad contra la ley 18.187, destacó a EL TELEGRAFO que en el encuentro de hoy “vamos a considerar los serios perjuicios que aparejó la sanción de dicha ley, que afecta a miles de propietarios de predios rurales adquiridos con anterioridad al año 1948 y que hoy son incluidos arbitrariamente bajo la égida de las disposiciones de la ley 11.029 de colonización de tierras, con severas limitaciones al derecho de propiedad que ello implica”.
Subrayó que “Paysandú se presenta como uno de los principales damnificados al ser el departamento que cuenta con la mayor zona afectada por la citada disposición”, en tanto destacó que “grupos de damnificados de este departamento, Soriano y San José, entre otros, vienen movilizándose para reformar la ley que abiertamente violenta la Constitución al desconocer el derecho a la propiedad, la seguridad jurídica, la libertad, igualdad, y consagrando una expropiación sin previa y justa indemnización como lo establece la Carta Magna en su artículo 32”.
Advirtió que “el alerta ha ganado el ánimo de quienes sin desearlo se ven injustamente comprendidos dentro de los alcances de la ley”, y consideró fundamental concientizar a legisladores “para que sancionen uno de los tantos proyectos modificativos de la norma cuestionada”. También que “está pronto a presentarse ante la Suprema Corte de Justicia una acción colectiva de inconstitucionalidad con la ley 18.187 sin perjuicio de los juicios reparatorios que se iniciarán de persistir la contumaz negativa a modificar la norma”, precisó.