Nacionales | 30 Mar La defensa de los primeros ex militares y policías condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, prepara la apelación a una histórica sentencia dictada 24 años después de reinstaurada la democracia en el país.
La Justicia condenó el viernes a penas de entre 20 y 25 años de prisión a ocho militares retirados y ex policías, “como autores responsables de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados” perpetrados en el marco del Plan Cóndor.
La sentencia recayó sobre los militares retirados José Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Luis Maurente y los ex policías Ricardo Medina y José Sande Lima, quienes habían sido procesados con prisión en setiembre de 2006 por los delitos de privación de libertad y asociación para delinquir.
“Algunos de ellos se están comiendo un garrón, ya que por los hechos que se investigan, por la sentencia de condena y por lo que resulta del expediente, no hay ninguna prueba seria que los acerque al tema”, aseveró uno de los abogados defensores, quien pidió reserva de identidad alegando estrategia profesional y respeto por sus clientes.
Las respectivas defensas comunicarán entre hoy y el miércoles a la sede judicial que presentarán recursos de apelación y nulidad, que elevarán a fines de abril y a los cuales prevé adherir la fiscal de la causa, Mirtha Guianze.
“Resulta probado que los hechos responden a la coordinación operacional de las cúpulas de los gobiernos que regían en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay”, reza el fallo del juez Luis Charles en alusión al secuestro de las 28 víctimas en Buenos Aires y su posterior traslado a Montevideo.
El objetivo del plan “era el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios psico-físicos, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado, no compatible con las dictaduras militares de la región”, subraya la resolución judicial.
Agrega asimismo que los imputados actuaban siempre “dentro de la más absoluta clandestinidad, valiéndose de la superioridad de la fuerza y sin ningún apego al orden jurídico”, sometiendo a los detenidos “a las más aberrantes formas de degradación en su condición de personas humanas”.
Sin embargo, para la defensa de los encausados, “la sentencia no contribuye a la verdad histórica, la cual es muy difícil de conocer por tratarse de hechos que ocurrieron hace 30 años en la clandestinidad”, sostuvo el jurista que tiene a su cargo el patrocinio de la mayoría de los ex uniformados.
Gavazzo, Arab, Silveira, Ramas y Vázquez, fueron condenados a la pena de 25 años de penitenciaría, cada uno, mientras que a Maurente, Medina y Sande, les corresponden 20 años, con el descuento de la prisión preventiva cumplida hasta el momento.
En todos los casos se trata de sentencias definitivas que dan por finalizado el juicio en primera instancia, pero las mismas aún no quedan firmes hasta tanto se agote la vía recursiva, que otorga a la defensa la posibilidad de interponer diversos recursos ante un tribunal de segunda instancia.
En diciembre de 2006, la Justicia uruguaya concedió la solicitud de extradición de su par argentina de todos los imputados, a excepción de Sande y Maurente, con la condición de que deberán primero completar en Uruguay las condenas que surjan de los procesos en curso.