Opinion | 31 Mar El reciente encuentro celebrado en Paysandú, en el que se analizó la problemática generada por la aprobación de la Ley 18.187 de la colonización de tierras, ha puesto de relieve una vez más la incapacidad manifiesta del poder político para encontrar el punto medio a situaciones que se arrastran desde hace ya mucho tiempo y a las que se pretende poner punto final mediante una norma legal que causa más problemas que los que supuestamente pretende solucionar.
En este caso motivaciones ideológicas –por lo menos esa es la única alternativa con la que se puede especular-- con mucho de confusión y desatino, podrían explicar por lo menos parcialmente la forma en que se legisló en esta materia. El punto es que tampoco se ha estado a la altura de las circunstancias para enmendar el error una vez que quedó al desnudo tanto por los directamente afectados como por los profesionales que han analizado la ley, absolutamente fuera de lugar y seguramente inconstitucional.
La Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú fue sede de la reciente reunión en la que participaron damnificados y contó con presencia de directivos de la Asociación de Escribanos del Uruguay y Asociación de Colonos del Uruguay, así como de otras instituciones, a efectos de analizar la referida ley, que provoca “alarma social” y modifica la “situación jurídica de tierras”, que antes de la vigencia de la norma eran de libre disponibilidad.
Incluso uno de los integrantes de la asociación de escribanos sostuvo que los legisladores han pecado de omisión al votar una ley sin un exacto conocimiento de sus alcances e implicancias, lo que en realidad pone de relieve que estamos ante un problema más profundo que la sanción de una ley sin conocer exactamente su alcances, desde que como lo ha denunciado en más de una oportunidad el Colegio de Abogados del Uruguay, ha ido descendiendo gradualmente el nivel de conocimiento legislativo de los parlamentarios, que no cuentan además con el debido asesoramiento técnico para traducir al texto legal decisiones políticas .
Una de las representantes de la asociación de escribanos sentenció incluso en la reunión que “si no conocían el tema tendrían que haberse asesorado. Están violando el derecho de propiedad” nada menos, aunque para muchos legisladores del gobierno este aspecto es un tema menor, teniendo en cuenta antecedentes que tienen que ver con ocupaciones de empresas y de tierras al margen del ordenamiento legal.
Es que la norma viola normas básicas de derecho, si se tiene en cuenta que aplica retroactivamente limitaciones al derecho de propiedad sobre tierras que fueron adquiridas al amparo de la norma anterior a la Ley 11.029 --que creó el Instituto Nacional de Colonización--, a través del Banco Hipotecario del Uruguay.
La ley anterior establecía que una vez amortizado el préstamo para la compra de estas tierras, éstas pasaban a ser propiedad de los adjudicatarios, y precisamente desde la primera mitad del siglo pasado, en que se concretaron las operaciones con este marco jurídico, hay tierras que se han enajenado o arrendado, por ser precisamente de libre disponibilidad.
Al asimilar por la 18.187 estos predios a lo que establece la 11.029, se está afectando el derecho de propiedad consagrado en la Constitución y aplicando restricciones con retroactividad, creando una inseguridad jurídica cual si fuéramos una república bananera, si se tiene en cuenta que la ley establece que campos vendidos antes de la creación del INC pasen directamente a la égida de este organismo, al tiempo que lo faculta a confiscar tierras si no se presenta determinada documentación, a la que en muchos casos los colonos no pueden acceder, de acuerdo a lo denunciado por profesionales en este encuentro de Paysandú.
Y peor aún, pese a que ya el Parlamento y el Poder Ejecutivo están en pleno conocimiento de esta aberración jurídica, al igual que el INC, le siguen dando largas al asunto e inventando paliativos en base a la ampliación de plazos y otras dilaciones que solo significan trasladar el problema hacia adelante, contribuyendo así a mantener la inseguridad jurídica. Lo que corresponde es que de una vez por todas se reconozca que se ha incurrido en un grueso error, y que con el debido asesoramiento técnico, además de una visión política más a tono con la realidad, se apruebe una nueva ley que corrija el entuerto, para tenerlo a la vez de ejemplo de como no se debe actuar en el Parlamento.