Opinion | 28 Mar Acaba de culminar un proceso de casi tres años en el que UTE ha adjudicado a privados la generación de electricidad mediante fuentes de energía renovable, sobre todo por biomasa y energía eólica, por una potencia de 60 megavatios, en lo que hasta ahora resulta una política más bien simbólica que un sano intento de encarar una reconversión y diversificación de la generación, a la vez de paliar el notorio déficit de abastecimiento en el país. En esta oportunidad, a través de la Comisión Asesora, el organismo seleccionó a tres empresas, una de las cuales Alur S.A., para proporcionar electricidad utilizando biomasa por un total de 12,5 megavatios, en tanto adjudicó a otro generador privado en base a energía eólica el resto de los 26 megavatios pendientes del llamado incial para 60.
Para esta convocatoria se presentó un total de 32 megavatios correspondientes a proyectos para generar con biomasa, pero de ese total la comisión entendió del caso otorgar solo 12,5 megavatios, a la vez de mantener el tope de 5 megavatios de producción para los oferentes privados. Alguien que desconozca la realidad del país en materia energética podría inferir, en base a estos elementos, que el Uruguay no tiene carencias en el área energética, que cuenta con amplia disponibilidad de electricidad y que en realidad lo que se está haciendo mediante estos llamados es incorporar sin mayor apuro alguna cuota de generación para simplemente llenar la fórmula.
Pero la verdad es muy distinta: nuestro país es altamente vulnerable, el crecimiento de la demanda de electricidad supera largamente al de la oferta, tenemos alta dependencia de un petróleo importado que solo por ahora ha dado un respiro en su alto precio y por si fuera poco, la electricidad que compramos a nuestros vecinos, cuando está disponible, nos resulta carísima.
Es decir que el escenario comprometido que tiene nuestro país en esta materia indica que necesitamos incorporar potencia lo antes posible, por lo que Uruguay debería estar encarando una política tan ágil como flexible a efectos de atender una demanda creciente, reducir dependencias de importaciones y a la vez generar mediante energías amigables con el medio ambiente.
Estos requerimientos, empero, tienen su contracara en la política prescindente que hasta ahora ha desarrollado UTE, que tardó nada menos que tres años para llevar adelante un proceso para incorporar solo 60 megavatios - muy inferior al crecimiento de un año en la demanda-, y encima se dio el lujo de desestimular a inversores privados al rechazar varias ofertas en el primer llamado --incluso el de la empresa sanducera Azucarlito-- por considerar que los precios del megavatio estaban por encima de lo que el ente consideraba pertinente, por lo que “invitó” a presentar nuevas propuestas, de las cuales solo unas pocas se concretaron. Esta actitud indica que existe una manifiesta descoordinación en el Poder Ejecutivo, donde un día aparece el Ministerio de Industria, Energía y Minería abogando por la reconversión energética y apelando a la inversión privada en generación, mientras el organismo monopólico en el área de la electricidad llama a licitaciones minimizadas y encima aplica un tope de 5 megavatios a la generación, cuando hay proyectos que están en condiciones de superar abiertamente esa potencia y por ende contribuir en forma mucho más ágil a revertir la escasez de generación.
Es decir que mediante la “política del cuentagotas” vamos por mal camino, como a la vez lo han hecho notar en más de una oportunidad integrantes de la Asociación de Generadores Privados de Energía Eléctrica, que incluso señalaron que si bien la licitación última ya estaba en curso, era posible recurrir a los mecanismos que establece el Tocaf, que entiende en materia de licitaciones y ordenamiento financiero de las dependencias del Estado, para duplicar la potencia de contratación de generación.
Esta posibilidad, empero, también ha sido desechada por el ente, que sigue en sus trece, respondiendo a las viejas políticas de la “chacrita” a las que es tan afecta la burocracia estatal, poniéndose por encima del interés general y el sentido común.