Lidia lópez

Locales | 28 Mar La secretaria de la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU), Lidia López, señaló a EL TELEGRAFO que “la derogación no es posible, porque cuando se habla de esta ley, se alegan temas de filosofía y de imponer una filosofía política, entonces ahí nos chocamos con banderas que se pretenden imponer y ahí no entramos a tallar jurídicamente”.
Explicó que “si bien nos parece que la Ley 11.029 era muy buena, si se deroga o no, lo debe resolver la filosofía política. Ahora lo que si está claro, que esa Ley como está no puede seguir y se tiene que modificar”.
Sostuvo que “es preocupante que varios legisladores digan que no tienen conocimiento, porque además en muchas entrevistas que hemos estado nos han dicho que se basaron en la opinión de algún técnico, o de la comisión”.
López manifestó la intención de “sacar la parte del Banco Hipotecario del Uruguay de los bienes inmuebles que están sujetos a Colonización; si esto no fuera posible por la estrechez de los plazos que tenemos, deberíamos obtener una prórroga por lo menos de un año para permitir un estudio profundo y modificar la Ley en todos los aspectos, no sólo en el artículo 70, sino también modificar los otros problemas que tiene la Ley, como el hecho de que para vender las 1.500 hectáreas hay que dejar un 20% para Colonización”.
Sostiene que esta ley “va en contra de la seguridad jurídica, crea muchísimos problemas prácticos para el productor, pero también para los bancos y para nosotros como profesionales de Derecho. En las reu-niones que mantuvimos con las comisiones de ganadería de la Cámara de Diputados y Senadores, les señalamos dónde están los errores y que si se equivocaron, lo solucionen”.
Manifestó que “faltan 40 días para que finalice la prórroga, y hay cinco proyectos presentados en el Parlamento, de los cuales uno es del Instituto Nacional de Colonización y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que en realidad no solucionan el tema de las propiedades que eran del Banco Hipotecario. A este proyecto nos oponemos absolutamente porque sigue la inseguridad jurídica”, dijo López.
Para la secretaria de la AEU, “el Parlamento tiene la obligación de velar por la seguridad jurídica y que si ellos mismos son los hacedores de leyes, es inadmisible que porque una asesoría letrada de un instituto tenga una determinada posición, ellos no velen por la seguridad de toda la población”.
Sostiene que el INC “alega que las tierras de los productores serían vendidas a multinacionales. Para prevenir son otros los medios”, aclaró López, “no frustrando la propiedad plena que tienen los colonos de sus bienes”.
En dolores
Entre las actividades futuras para seguir debatiendo sobre la prórroga del plazo estipulado por la ley 18.187 de Colonización de Tierras, el viernes 3 de abril se realizará una importante reunión en la ciudad de Dolores, departamento de Soriano. López manifestó su preocupación porque los directores del INC no concurren a este tipo de encuentros para explicarles directamente a los productores.
“Después de la única entrevista que nos dieron y manifestaron que esa era su posición y no estaban dispuestos a dar un paso atrás, no recibieron ni a los miembros de las colonias, ni a la Federación Rural, ni a la AEU, además las notas que han enviado son absolutamente escuetas”.