Opinion | 04 Abr El déficit en materia habitacional para los sectores de menores ingresos de la población es un mal endémico en nuestro país y pese a los anuncios sobre políticas sociales formulados por el actual gobierno nacional, en lugar de revertirse este panorama, el déficit se ha acentuado significativamente en el período.
El desfasaje entre la demanda y la oferta de viviendas es un problema de larga data en el Uruguay, donde en cierto momento se congelaron alquileres y se instrumentaron mecanismos de defensa de los inquilinos, incluyendo la posibilidad de no ser desalojados si se inscribían en el RAVE, que obró como elemento disuasivo para que se volcaran capitales a la construcción de casas para arrendamiento.
Cuando se modificó la norma, quedó al desnudo que faltaban viviendas, porque nadie quería invertir para alquilar, y los programas de construcción de unidades habitacionales, incluso por el sistema cooperativo, pese a cobrar un buen impulso, así como una serie de programas para atender a sectores necesitados, no alcanzaron para por lo menos evitar que se acentuara el déficit.
El resultado fue un encarecimiento de los alquileres para los sectores a los que se decía proteger, y este efecto negativo se arrastra hasta nuestros días, en que los precios de alquileres de las viviendas de menor calidad superan abiertamente el promedio de ingresos de los sectores asalariados que no tienen otra posibilidad de acceso al techo.
Lamentablemente, la Administracion Vázquez no ha puesto énfasis en solucionar este agudo problema social, pese a que contó con un aumento sustancial de ingresos en base al período de bonanza que se extendió hasta casi fines de 2008.
La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) ha señalado que sus planteos de contar con recursos para construir viviendas por el sistema de ayuda mutua no ha sido contemplado, y que se está apenas en la media o aún menos de los últimos años.
Ello quiere decir que continúan faltando viviendas, que el mercado de alquileres sigue desequilibrado y que un problema que se arregla solo con más viviendas y no con regulaciones, no solo está tan vigente como antes, sino que se ha agravado, y lo que es peor aún, no se perciben salidas a la vista.