Opinion | 03 Abr Aunque por ahora solo se trata de pautas, la Universidad de la República criticó por insuficientes y laxos los elementos que maneja el Ministerio de Educación y Cultura para crear la agencia estatal que controlará la calidad y creación de instituciones terciarias, en el marco de las acciones tendientes a crear un órgano fiscalizador del nivel de la enseñanza universitaria privada.
Estas pautas han surgido del trabajo de la comisión integrada por representantes de este ministerio, de la Universidad estatal y de las universidades privadas, que está discutiendo la creación de la Agencia para la Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria, apuntando a controlar el funcionamiento del sistema educativo superior, pero los elementos manejados han generado la reacción del Consejo Directivo Central (CDC) de la universidad estatal.
Este órgano dio a conocer una declaración en la que exige revisar integralmente la parte del anteproyecto de ley de educación que refiere a la acreditación --reconocimiento de la calidad académica-- del sector privado.
Sostiene el CDC que no debe ignorarse la historia que tiene la institución, por cuanto “no sería prudente mezclar lo público con lo privado en contextos jurídicos que puedan menoscabar el papel fundamental que la Universidad de la República debe desempeñar en materia educacional”.
En tanto, el director de Educación del referido ministerio, Luis Garibaldi, consultado al respecto por el semanario “Búsqueda”, aclaró que todavía no hay un proyecto de ley de agencia arriba de la mesa y adelantó que se ha creído del caso evitar toda discusión pública del tema hasta no tener un proyecto definitivo.
Igualmente, en febrero la secretaría de Estado presentó un anteproyecto de ley que contiene definiciones conceptuales sobre la enseñanza terciaria, crea un organismo encargado de autorizar la creación de carreras e instituciones del sector privado, realizarles un seguimiento y controlar la calidad de todo el sistema, pero en el consejo universitario ya se objetan aspectos como la omisión de referencias a la función inspectiva, e incluso desde la federación de estudiantes universitarios se va más lejos, al reclamarse que la fiscalización de la educación terciaria privada se haga desde la Universidad de la República. En realidad la Universidad de la República, en sus respectivos órdenes, y con matices que no hacen al fondo de la cuestión, no admite que haya la posibilidad de opción por otras instituciones de capacitación terciaria, haciendo honor a su tradición exclusivista y elitista, además de eminentemente centralista, por lo que no puede extrañar que interponga ya desde el vamos críticas por no tener mayor injerencia en los controles, aunque por contrapartida no admite ser controlada y lleva a ultranza su autonomía.
En un país donde los monopolios estatales pretenden ser presentados como algo común y deseable, cuando solo transmiten sobrecostos e ineficiencias al ciudadano, por no habilitar una sana competencia que permita mejorar la calidad y competir con el sector privado, no puede extrañar que la Universidad pretenda erigirse por encima del bien y del mal, como un logro que no puede cuestionarse, y perfectible solo si así lo entienden sus autoridades.
Con estos cuestionamientos pretende fiscalizar la calidad de sus propias competidoras, y reclama ser consultada preceptivamente para la habilitación de cualquier nueva institución de carácter terciario, haciendo gala y abusando de una autonomía desvirtuada, al punto de pretender situarse por encima del sistema y del propio interés general.
Estas pretensiones, además, se reflejan en el cuestionamiento a docentes que aspiran a desarrollar actividades tanto en la Udelar como en las universidades privadas, y en la exoneración a evaluarse periódicamente, lo que sí deben hacer las instituciones privadas ante la agencia de acreditación que se promueve por esta ley. Pero a fuer de sinceros, el sentido común indica que tanto la Udelar como las universidades privadas deberían ser evaluadas en cuanto a su calidad por expertos independientes que sean ajenos a los respectivos sectores, lo que permitiría atender al interés primordial del ciudadano, que es además quien a través de sus impuestos sostiene el pesado andamiaje de la universidad estatal, y tiene derecho a saber y sobre todo a opinar cómo se gasta su dinero y qué beneficios recibe por ello, al fin de cuentas.