Movimiento de colonos contra Ley 18.187

Locales | 05 Abr La ciudad de Dolores fue escenario de una nueva reunión, en la que esta vez los colonos tuvieron oportunidad de plantear directamente sus reclamos a dos integrantes del Directorio del INC, pero de acuerdo a lo manifestado por asistentes a este encuentro,  los representantes del Instituto  Nacional de Colonización solo se limitaron a escuchar y resultaron “inconmovibles” ante los argumentos de productores, representantes de gremiales y profesionales que presentaron una serie de reparos de todo orden a la  Ley 18.187.
Estuvieron presentes el vicepresidente del instituto, Mario Viera y el director Alvaro Ferreira, quien integra este cuerpo por los colonos, una asesora letrada del Directorio, y entre otros gremialistas el presidente de la Federación Rural, Octacilio Echenagusía, integrantes de la asociación agropecuaria de Dolores, así como contadores, escribanos y abogados, además de un número estimado entre trescientos y cuatrocientos productores.
La representación sanducera también fue numerosa y estuvo constituida por colonos y profesionales, y se apuntó a conocer la postura del INC respecto a los reparos que se formulan a la Ley 18.187, que asimila a los colonos que compraron sus tierras por el Banco Hipotecario, en la primera mitad del Siglo XX, a los que lo hicieron por la ley 11.029, de  1948, con una serie de condicionantes y regulación de su disponibilidad.
Si bien se consideró positivo que por fin comparecieran directores para explicar el por qué de la medida de incorporar estas tierras del antiguo régimen, los argumentos legales de la representación del INC fueron rebatidos unánimemente por los profesionales  presentes, en la línea del  rechazo a la norma que tienen  los colegios de abogados y de escribanos del Uruguay, así como asesores jurídicos de agremiaciones rurales, entre otros.
Productores plantearon los problemas que les plantea la norma para disponer de sus campos y la caída sustancial de sus valores que se les ha generado, así como la reducción de rentabilidad. Se contó a la vez con la argumentación legal de profesionales expertos en derecho agrario, y se destacó la imposibilidad práctica de todo productor que esté bajo el nuevo régimen de obtener un crédito “porque los bancos no lo aceptan y están todos trabados”, e incluso el profesional sanducero Nicolás Olivera expuso sobre la inconstitucionalidad de la ley.
Tampoco tuvo andamiento el planteo de integrar una comisión intersectorial que procurara conciliar puntos de vista para elaborar una norma alternativa, por lo que surgió de este encuentro que resulta muy difícil obtener un cambio de postura del instituto. Consecuentemente, se espera que sea aprobado alguno de los proyectos de ley que posterguen hasta el año que viene el plazo para presentarse ante el INC en base a la ley, y que con la nueva integración del Parlamento y del instituto pueda lograrse que se revea la norma cuestionada.