Opinion | 05 Abr La ridícula inclusión de Uruguay como presunto “paraíso fiscal”, en una lista negra que al fin de cuentas no era tan indeleble, sirve para orientarnos acerca de lo confusas que tienen las ideas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en el grupo G-20, cuando teniendo cosas realmente importantes de qué ocuparse, pretenden transferirle a otros parte de la responsabilidad que tienen en esta crisis financiera sin precedentes.
Claro que una cosa es recibir la información desde fuera y las presiones y muy otra atender los datos de que dispone el organismo, donde seguramente no se ha tenido en cuenta que más allá del gobierno de turno nuestro país ha sido tradicionalmente seguro, y amparado y preservado los derechos de propiedad.
Y con errores y aciertos, a menudo con políticas equivocadas, igualmente se ha tenido especial cuidado en cumplir con los compromisos internacionales, a la vez de honrarse la deuda, aunque ello naturalmente haya implicado la pérdida de calidad de vida de los uruguayos por la sangría de recursos hacia el exterior. Que ya es mucho decir respecto a lo que han hecho algunos integrantes del G-20, como la propia Argentina, que todavía tiene cuentas pendientes con la comunidad internacional y está buscando la forma de por lo menos presentar algún plan para ponerse al día con sus obligaciones, lo que no será fácil justo cuando la crisis golpea directamente los flancos de su economía poco confiable, mientras arrecian los reclamos de productores sometidos a feroces detracciones para atender el déficit de las cuentas del Estado.
Pero la inclusión de Uruguay en la denominada “lista negra”, pese a la posterior aclaración y marcha atrás, revela que estábamos en la mira del organismo internacional y que hubo precisamente quienes se encargaron de desvirtuar el verdadero escenario que ofrece el país en esa área, por cierto lejos del que presentan edulcoradamente otras naciones en las que se borra con el codo lo que se escribe con la mano y sin embargo siguen tan campantes con su fachada circense en el ámbito internacional.
De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas, “ante la inclusión de Uruguay en la categoría de ‘jurisdicción no comprometida con los estándares internacionales en materia de intercambio de información’, inclusión que a juicio del gobierno nacional no refleja adecuadamente las prácticas y los compromisos asumidos por nuestro país”, el citado ministerio encaró las gestiones formales pertinentes a efectos de aclarar oficialmente los aspectos que llevaron a esta categorización.
Estas gestiones culminaron con éxito, al punto que el viernes mismo el ministro Alvaro García recibió una comunicación del secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, “en la que se reconoce a Uruguay la condición de país comprometido con el cumplimiento de los estándares internacionales de intercambio de información. Tal comunicación determinará seguramente la ubicación de nuestro país en un status similar al de la hermana República de Chile”.
Gurría culmina su misiva señalando que “estamos complacidos que el Uruguay se una al creciente número de países que desean cooperar para combatir la evasión fiscal y otros abusos fiscales”, lo que solo puede haber estado en tela de juicio por la confusión que reina en la comunidad financiera internacional.
Es que este apego a la legalidad y a las reglas de juego internacionales es una tradición del Uruguay, más allá del gobierno de que se trate, y el hecho de que en medio de esta confusión la oposición política, pese a tratarse de un año electoral no haya hecho --salvo algún caso aislado-- intento de hacer caudal político de la situación, por lo menos da la pauta de que hay ciertas reglas no escritas que igualmente son respetadas cuando se trata de defender el prestigio internacional del país.
Es cierto, es posible que el gobierno haya suministrado información poco clara o tardía y se viera sorprendido por esta inclusión en la lista negra, de la que fue pasado luego a la “gris” junto con Chile, lo que indica que debería prestarse más atención a la “cocina” y trastienda de los organismos internacionales, con funcionarios capacitados, sin olvidar que el precandidato oficial José Mujica no estuvo nada feliz cuando puso al sistema financiero uruguayo en la vidriera mundial, como permeable a las “jodas” y como reducto accesible para escapar a los controles internacionales.