Opinion | 06 Abr Cada vez con menos respaldo en su fuerza política como así también en el gobierno, y una imagen desdibujada en la opinión pública por la falta de resultados de su ministerio en el combate de la delincuencia, la ministra del Interior parece tener los días contados en el cargo en el que sucediera a José Díaz, de triste recuerdo si se tiene en cuenta que priorizó la situación de los delincuentes en las cárceles respecto al reclamo de seguridad de los uruguayos.
Las prioridades del ex ministro no estuvieron en sintonía con las de la población, jaqueada por la delincuencia, pero sí con su visión de que los presos son las víctimas de la sociedad que los ha marginado, y que por lo tanto era hora de que fueran puestos en primer lugar al momento de las consideraciones. Por supuesto, Díaz logró exactamente lo contrario de lo que en teoría buscaba, porque la liberación de reclusos solo contribuyó a una mayor inseguridad, desde que los delincuentes volvieron inmediatamente a las andadas, pero las cárceles siguieron hacinadas y con los mismos problemas. Es decir que lejos de trabajar en la rehabilitación, solo sirven a medias como lugar de contención y en gran medida sí para que el antisocial perfeccione su carrera delictiva.
A la ministra Daisy Tourné no le ha ido mejor, por cuanto suscribe la misma visión que su antecesor, y a la vez a través de actitudes despectivas hacia la oposición y a quienes la cuestionan, además de una gran dosis de frivolidad, se ha granjeado rechazos que se conjugan además con una muy pobre gestión al frente de su cartera.
Como sabemos y sufrimos todos los uruguayos, la ministra nunca tomó en serio el problema de la inseguridad, al punto que al principio sostenía que se trataba de una “sensación térmica” de la ciudadanía, exacerbada por los medios de difusión que a su juicio le dan demasiada trascendencia a las crónicas policiales en vez de ver el lado positivo de las cosas.
Y la verdad que el lado positivo que se nos ocurre es que por suerte, pese al cariz de los acontecimientos no hay aún más víctimas de la violencia --aunque no sean pocas precisamente--, teniendo en cuenta la óptica ministerial de ocuparse en buscar chivos expiatorios ante la ineficacia con que ha actuado su cartera. Pero también por la falta de voluntad política de su gobierno de aprobar leyes que permitan una mejor actuación policial y de la Justicia, además de mantener la irracional inimputabilidad de menores que son consumados delincuentes y hasta asesinos.
Recientemente, mientras en la madrugada montevideana morían otras dos personas como consecuencia de asaltos y rapiñas, la ministra del Interior ocupó largas horas en asistir a un acto de su precandidato Danilo Astori, lo que puede hacer cuando no está a la vez ocupada en Facebook cuestionando a su rival en la carrera presidencial, José Mujica, o abordando otros temas de “sumo interés”.
La ministra debió haber recibido algún rezongo del presidente Tabaré Vázquez por esta frivolidad y escasa receptividad a las justas quejas por inseguridad, pero el disgusto presidencial se ha hecho sentir por la situación en las cárceles, ante la denuncia de violación a los derechos humanos y situaciones degradantes que habrían sido constatadas por el relator de la ONU Manfred Nowak en los recintos carcelarios.
Es algo que debe preocupar y ocupar, porque es también una forma de violar derechos humanos elementales, pero lo que llama la atención es que el mandatario llame a Consejo de Ministros para conminar a la secretaria de Estado a que busque urgente solución a esta problemática, incluyendo la posibilidad de adaptar otras dependencias, como es el caso de Punta Rieles --propuesta que en su momento formulara el senador Jorge Larrañaga y que la ministra rechazara con desdén-- y en cambio no ha tenido la misma diligencia en urgir respuestas ante la inseguridad. Sobre todo para que la minoridad infractora pueda ser contenida y rehabilitada en dependencias adecuadas, ya sea a través del INAU como por otro organismo creado a estos efectos.
Este es precisamente un aspecto que pone de relieve, con toda crudeza, que las prioridades del gobierno en la materia siguen trastrocadas, y que poco y nada puede esperar el ciudadano en cuanto a mejorar la seguridad en las calles, si quienes representan al Estado siguen mirando para otro lado y se ocupan más que nada de atender a los que son el problema, en vez de a quienes sufren las consecuencias de esta percepción a contramano del sentido común.