Opinion | 07 Abr A través de argumentos rebuscados y con énfasis en una pretendida igualdad de oportunidades que no es tal, la Universidad de la República, en forma recurrente y a través de sus autoridades en los respectivos órdenes, sigue cuestionando siquiera la posibilidad de analizar el cobro de matrícula para cursar estudios en la educación terciaria, pero a la vez año a año reclama más recursos para su presupuesto y hasta se ha dado el lujo de gastar unos 250.000 dólares en butacas para su Paraninfo, con tal de no devolver dineros de proyectos que no habían sido ejecutados, y que volverán a dar a Rentas Generales.
El no cobro de matrícula para cursar estudios que universalmente son reconocidos como los más caros, porque refieren a la formación de profesionales y expertos en determinadas áreas que tienen que ver con el desarrollo del país en una diversidad de áreas estratégicas, es el lujo de la miseria en el Uruguay y se justificaría incluso si por ejemplo estuviéramos ante una mayoría de estudiantes universitarios provenientes de los sectores de menores ingresos de la población, pero la realidad precisamente se da a la inversa.
Lamentablemente las autoridades universitarias han apuntado desde siempre a llevar esta discusión por otros carriles, apelando a los eslóganes y falsa oposición de criterios, cuando de lo que se trata es de aplicar una lógica irrebatible, sentido común y la solidaridad bien entendida, sin maniqueísmos.
Debemos partir de la base de que todos los uruguayos, aún el habitante del más solitario y apartado lugar del Interior rural, paga impuestos para sostener a la Universidad de la República que, por lo demás, desde sus orígenes, ha tenido una concepción centralista y elitista, pese a que en los últimos tiempos ha procurado, aunque no con mucho entusiasmo, extender cursos al Interior, sobre todo en base a carreras cortas, pero siempre reteniendo para Montevideo a ultranza la condición de centro del conocimiento y del poder en todas las áreas.
Incluso, pese a las décadas que han transcurrido y los enunciados tímidos que se han formulado, siguen funcionando olímpicamente en Montevideo las universidades del agro, es decir las de Veterinaria y Agronomía, como si fuera la cosa más natural del mundo, y la descentralización en estas áreas eminentemente rurales solo se da a través de estaciones experimentales que están fuera de Montevideo simplemente porque no hay campos donde poder ubicarlas lo más cerca posible del obelisco.
El punto es que la Universidad se sostiene prácticamente con el cien por ciento de lo que aportamos los uruguayos al Estado, porque es muy poca la venta de servicios que le significan algún ingreso, y aún así sigue formando gratis profesionales de estratos altos y medio altos de la sociedad, que son la gran mayoría de quienes concurren a las universidades.
Además, el 70 por ciento de los estudiantes son capitalinos, por lo que en realidad los uruguayos todos aportamos para que puedan estudiar gratis jóvenes en su gran mayoría provenientes de hogares pudientes, que pueden perfectamente –deberían, en realidad-- pagarse sus estudios, y la Universidad con lo recaudado podría mejorar sustancialmente los montos de las becas que se otorgan mediante el aporte de egresados, a través del Fondo de Solidaridad, sobre todo en favor del discriminado estudiantado del Interior.
Este esquema sí sería mucho más justo que la pretendida “solidaridad” del estudio gratis para todo el que quiera, por lo que la regla debería ser el cobro de matrícula y exoneración de su pago a los estudiantes de hogares de menores recursos, además de otorgarles becas, con marcado énfasis en el caso de los que provienen del Interior.
En esta línea se han pronunciado prácticamente todos los precandidatos presidenciales, incluso Danilo Astori y José Mujica, pese a que históricamente la Universidad se ha alineado con la ideología de esta fuerza política. Y ello ocurre porque el dirigente político debe embanderarse con el interés general y no el sectorial, por más respetable que sea, y la matrícula gratis para todo el mundo no tiene nada que ver con el interés del ciudadano común, por supuesto.
Incluso en este marco tendría sentido el análisis del rector de la Universidad de Montevideo y ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, Santiago Pérez del Castillo, cuando declara al semanario “Búsqueda” que “a mí me llama la atención que se arme tanto lío con la matrícula, porque en realidad el gobierno presta servicios públicos mucho más básicos y esenciales y los cobra. Por ejemplo el agua. Me parece que el agua tendría que ser gratis antes que la enseñanza universitaria”.