Opinion | 13 Abr La falta de respuesta del Estado a los requerimientos de los ciudadanos no solo genera descreimiento en las instituciones que precisamente tienen entre sus competencias hacerse cargo de estas responsabilidades, sino que por extensión conlleva la consecuente carga de insatisfacción hacia el gobierno de turno, que debería hacerse cargo de sus deberes ante el ciudadano, aunque el problema se arrastre desde hace varios años.
Entre los aspectos que generan mayor frustración figura precisamente el de la inseguridad pública, que no es solo un problema del Uruguay, por supuesto, sino que forma parte indisoluble de una degradación de valores en la sociedad y asimetrías que se manifiestan con mayor crudeza en una sociedad de consumo donde se hace un culto del éxito fácil y se premian acciones de presunta “justicia” salvaje que constituyen a la vez un atropello al régimen legal, aunque se manifieste que se hace en nombre de la igualdad y la solidaridad.
No se tiene en cuenta precisamente que no hay libertad ni igualdad si no se está en un estado de derecho, que es el único que ofrece garantías para todos los ciudadanos, con el marco de un régimen democrático que asegure la libre vigencia de las libertades, con separación de los poderes del Estado y la posibilidad de que el ciudadano se exprese libremente en todo momento y pueda elegir sus autoridades en elecciones libres, sin restricciones.
Formuladas estas consideraciones, corresponde también ubicarnos en la situación particular del conciudadano, de sus familias, que cada día ve afectado su marco de libertades establecidas en la Constitución y en el ordenamiento legal, por la sucesión de robos, rapiñas, asaltos, copamientos, agresiones y hasta homicidios, cometidos por delincuentes que muchas veces constituyen bandas que actúan sin ningún miramiento hacia la vida humana, y sobre todo cuando se trata de menores que --amparados en su impunidad ante la ley-- cometen atroces crímenes y ni siquiera son contenidos, no ya rehabilitados, por los organismos del Estado que deberían cumplir esta función.
Y lamentablemente, cuando el Estado no brinda protección y peor aún, cuando hay gobiernos que se hacen los distraídos, no reconocen la gravedad del problema y menos aún actúan en defensa de la población agredida, el ciudadano se ve inclinado a asumir medidas desesperadas, aún a riesgo de su integridad física, como la búsqueda de justicia por mano propia, lo que es poco menos que una ruleta rusa y de consecuencias aún peores cuando se está ante delincuentes avezados y sin ningún respeto por la vida humana.
A la vez, cuando existen asentamientos problemáticos cercanos, en grandes urbes, como ha ocurrido con ciudades como Rio de Janeiro, entre otras, se han generado barrios rodeados de rejas y muros, con su propia seguridad y servicios de todo tipo.
En todos estos casos, las familias de mejor situación económica siempre tienen mayores posibilidades de protegerse, por lo que en realidad el gran afectado por la inseguridad es el ciudadano medio, que cuenta con recursos muy limitados y que sin embargo suele sacrificar necesidades para rodearse de rejas y mejorar en lo posible sus condiciones de seguridad.
En Argentina, residentes en el barrio San Isidro optaron por levantar un muro de 1.600 metros de longitud, denominado popularmente como el “Muro de Berlín porteño”, en procura de separar este localidad del barrio Fernando, por entender que desde ese reducto salen bandas de delincuentes que asaltan y roban en aquella zona, lo que a la vez trajo aparejada la reacción de vecinos que derribaron el incipiente muro a marronazos, en tanto el tema quedó para dilucidar en el ámbito de la Justicia.
Y más allá de fundados cuestionamientos sobre la irregularidad e ilegalidad y desde el punto de vista ético que signifique el amurallamiento de núcleos urbanos como en la época de la Edad Media, no puede ponerse en tela de juicio que el ciudadano busque alternativas propias para su seguridad, como hace en nuestro país y donde sea, ya sea enrejando su vivienda o su comercio, creando guardas civiles en el barrio e incluso levantando muros. Es que ha asumido que en este momento su prioridad es la autodefensa, ante un Estado omiso y gobiernos que se denominan a sí mismos progresistas, pero que son un retroceso a tiempos inmemorables en cuanto a su responsabilidad de velar por la seguridad de sus ciudadanos.