Opinion | 13 Abr Es evidente que el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha perdido el rumbo de su gobierno. Desesperado por no poder lograr sus objetivos, se declaró el pasado jueves en huelga de hambre junto a los movimientos sociales que lo apoyan para presionar al Congreso Nacional a que apruebe la ley electoral necesaria para convocar los comicios generales del 6 de diciembre, en la que por supuesto buscará su reelección.
Morales anunció que su gobierno aceptará un nuevo padrón si la Corte Nacional Electoral garantiza que su elaboración no interferirá con las elecciones generales. La decisión fue tomada en momentos en que los legisladores de la oposición se niegan a aprobar una nueva ley electoral por considerar que favorece al mandatario y con el argumento de que el padrón, que rigió los comicios en los últimos 15 años, no garantiza transparencia.
El padrón electoral se ha convertido en el centro del debate porque la oposición calcula que el 30% de los electores (de casi 4 millones) están inscritos irregularmente, mientras la Corte Nacional Electoral dijo que ese porcentaje se sitúa entre 5 y 6%.
Más allá de las críticas de la oposición al gobierno –que consideran que al presidente le hará bien la dieta porque está excedido de peso-, esta medida pude considerarse un chantaje al Congreso, poniendo la democracia y el supuesto beneficio al pueblo por delante, cuando se procura una reelección.
Y mientras Morales hace huelga de hambre, ¿quién gobierna el país, uno de los más pobres de América Latina? Cabe recordar que el ministro de Planificación del Desarrollo, Noel Aguirre, admitió recientemente que seis de cada diez bolivianos son pobres, pero que cuatro de diez viven en pobreza extrema. Una verdadera paradoja si se piensa que Bolivia cuenta con importantes recursos naturales como hidrocarburos, gas natural y metales preciosos.
Sin duda alguna, no basta con lograr llegar al poder; hay que saber gobernar y estar más preocupado por la población que por mantenerse en el sillón presidencial.