Nacionales | 16 Abr El fiscal de Corte, Rafael Ubiría, impugnó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una resolución que obliga a articular sus acciones con la Dirección de Asuntos Constitucionales del Ministerio de Educación y Cultura. Esta dirección, cuya titular es Cecilia Blanco, fue creada mediante ley presupuestal al principio del actual gobierno, pero reglamentada recientemente.
El precandidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, se reunió con Ubiría para expresar su preocupación por la injerencia del Poder Ejecutivo al disponer que la Fiscalía de Corte dependiera de una dirección del gobierno.
Mieres dijo a la edición digital de “El País” que la decisión del ministerio se aparta de la normativa vigente y es necesario rever la situación, a la cual calificó de “preocupante” ya que cada vez son más los fiscales que “se ven impedidos de desempeñar su función con total independencia, ya que el poder político de turno pone trabas en su trabajo cotidiano”.