Opinion | 14 Abr Si bien el Poder Ejecutivo ha señalado a través del Ministerio de Economía y Finanzas que la crisis internacional iba a repercutir en Uruguay y que se iban a adoptar medidas selectivas en favor de los sectores afectados, hasta ahora la respuesta ha sido muy acotada, por ser benignos con el término, y todo indica que está ganando tiempo en procura de establecer qué alcance puede tener en nuestro medio.
Primero “blindado” ante la crisis, ahora el gobierno sigue afiliado a su tesis de esperar hasta último momento para responder a un escenario que gradualmente se va manifestando en todo el mundo, cuando la experiencia indica que la única posibilidad de minimizar los efectos era adoptar en tiempo y forma medidas anticíclicas para quedar mejor perfilados para cuando la situación internacional se revirtiera.
Pero claro, se perdió ya la oportunidad de crear una reserva de recursos, como ha hecho Chile, y el país empieza a pagar las consecuencias de la imprevisión y sobre todo de haber dilapidado recursos que nos vendrían muy bien para tener capacidad de respuesta en esta coyuntura desfavorable.
Estas respuestas “a medida” y tardías, sector por sector, conllevan en cierto grado una cuota de injusticia si se tiene en cuenta que es siempre preferible encarar medidas de corte general, desde que siempre quedará flotando en el aire un grado de disconformismo de quienes se sienten postergados por no ser medidos con la misma vara.
Uno de los sectores más afectados, ya desde fines del año pasado, ha sido el de los textiles, como bien sabemos los sanduceros a través de las vicisitudes que sufre la empresa Paylana, y por lo tanto ha quedado comprendido en el esquema especial que en su momento anunciara el gobierno tenía en estudio para su instrumentación a fin de contemplar a los perjudicados.
Pero en este caso, tras sucesivas reu-niones de los empresarios con representantes del Poder Ejecutivo para evaluar la situación, los representantes de las industrias involucradas salieron prácticamente con las manos vacías, desde que los planteos del gobierno distan de tener algún grado de incidencia significativo.
Es así que lejos del pedido de exoneración de aportes patronales al Banco de Previsión Social, la respuesta del gobierno es la de postergar los vencimientos de esos aportes por tres meses, así como los de UTE por el mismo período, lo que quiere decir que simplemente se da una tregua al sector a efectos de que cuando se recomponga dentro de tres meses, según supone, pague retroactivamente todo aquello que dejó pendiente porque no tuvo ventas al exterior.
Es cierto, se trata de un período en extremo exiguo y a partir de su vencimiento con exigencias dobles, si se estructurara de esta forma, lo que simplemente prolongaría una agonía en un plano coyuntural, cuando los problemas no son solo temporales, sino que en muchos sectores estamos ante deficiencias de carácter estructural que no son tenidas en cuenta.
Ocurre que por un lado el gobierno se gastó los recursos que habían ingresado por efectos de una mayor recaudación en la bonanza, y en vez de seguir una política previsora, se jugó a que el ciclo favorable se extendería al menos durante todo este año, lo que le daría posibilidades de seguir recaudando como en los meses anteriores.
Pero al armar un presupuesto para la crisis como si hubiera bonanza, en realidad se quedó sin el mentado “espacio fiscal” y sin margen de maniobra para atender los justos reclamos de sectores de exportación que tienen un alto componente de empleo.
Con políticas contracíclicas el Poder Ejecutivo podía haber contado con un margen para conceder exoneraciones fiscales temporales a los proveedores de empleo, incluyendo quitas en aportes patronales y otras posibilidades, de forma de poder hacer frente a la crisis con otro esquema de costos, y a la vez proteger por esta vía a los trabajadores de las empresas privadas, que son las que encaran empresas de riesgo.
Pero a la inversa, se mantiene el elevado gasto público, la presión tributaria, los altos costos energéticos y de servicios, cuando más se precisa reactivar la economía por el lado de la inversión privada, que es la que crea la riqueza y empleos genuinos en nuestra economía altamente dependiente y vulnerable ante las crisis, como la que ya está instalada.