Opinion | 18 Abr Todavía no deja de asombrar la presteza con la que el gobierno reaccionó ante la denuncia del relator de las Naciones Unidas, Manfred Nowak, respecto al hacinamiento y situación inhumanos en que se encuentran los reclusos en cárceles de nuestro país, lo que llevó al presidente Tabaré Vázquez a convocar al Consejo de Ministros e instruir a la ministra del Interior, Daisy Tourné, a que presentara un plan para el realojo de los presidiarios, de forma de paliar esta situación.
Entre otras alternativas, la más viable se presenta a través del realojamiento en el antiguo penal de Punta Rieles, una iniciativa que ya había surgido de la oposición pero que la propia ministra había desechado con ironía en su momento, descalificando la propuesta.
Pero el punto es que el gobierno decidió seguir los consejos del consultor, aunque en realidad ya estaba enterado del problema carcelario en forma precisa y desde hace tiempo, pero nunca le había dado importancia. En realidad recién reaccionó con diligencia cuando la denuncia provino de un consultor del exterior, lo que lleva a pensar que es más un problema de imagen que de haber asumido la necesidad de hacer algo pronto al respecto.
Y si así son las cosas, los uruguayos deberíamos rogar para que muy pronto aparezca otro relator y denuncie a tambor batiente la inseguridad que reina en el país debido a la delincuencia que a través de mil formas se abate como flagelo sobre la población, hasta en las localidaes que hasta no hace mucho eran un rincón de paz y tranquilidad.
De todas formas, la fuerza de gobierno está embarcada de lleno ya cerca de culminar su período en ensayar soluciones al problema carcelario, que es un tema que en realidad lo tiene prácticamente sin cuidado al ciudadano común, que considera por lo general que el delincuente debe estar entre rejas todo el tiempo que sea necesario, porque mientras esté preso por lo menos no está en la calle reincidiendo en hurtos, rapiñas o agresiones de todo tenor contra los vecinos. Pero no solo se trata de buscar recintos adecuados para contar con mayor espacio y mejores condiciones para los reclusos, sino que en el gobierno prevalece la idea de promover modificaciones a la legislación vigente a efectos de aplicar medidas alternativas a la prisión en delitos excarcelables, como el hurto, incluso cuando se trate de reincidentes.
Este razonamiento delirante, a contramano de lo que se vive en todo el país, está en la línea ya aplicada en su momento por el ex ministro del Interior José Díaz --quien ante el hacinamiento carcelario promovió la liberación de reclusos-- y es promovido por el presidente Vázquez junto a la ministra del Interior Daisy Tourné, al punto de que el Poder Ejecutivo pidió a la bancada de legisladores oficialistas que vote urgentemente un anteproyecto de ley que habilite a los jueces a procesar sin prisión a delincuentes con antecedentes, cuando hoy solo pueden ser dejados en libertad los primarios.
Y si bien la iniciativa prevé distinguir la gravedad del delito, es evidente que estaríamos todos ante un elemento que agravaría la inseguridad reinante, teniendo en cuenta que la legislación vigente ya permite aplicar medidas alternativas ante delitos menores excarcelables y ahora se estaría beneficiando a reincidentes.
En este contexto, el catedrático en derecho penal Miguel Langón advirtió que las medidas alternativas ya están vigentes en Uruguay y que ha quedado demostrado que no han funcionado porque no se cumplen, y a su juicio deberían existir únicamente dos tipos de medidas: la multa, es decir que el que cometió un delito tenga que pagar y por otro lado la suspensión de la pena.
Advirtió que por lo tanto no cree que la propuesta del gobierno sirva para descongestionar las cárceles, y que la única manera de hacerlo pasa por construir nuevos centros de reclusión.
Y en realidad no se necesita ser muy experto en derecho penal para convenir que las respuestas que se adopten pasan inevitablemente por contemplar prioritariamente la seguridad del ciudadano.
Que lo que menos necesita es enfrentar más delincuentes sueltos en las calles, aunque sean catalogados como los menos peligrosos, solo porque al gobierno le rechine que el relator de la ONU le haya encontrado gruesos reparos al funcionamiento del sistema carcelario y sienta la necesidad de ensayar parches inmediatos para diluir sus responsabilidades, aún a costa de mayor inseguridad.