Opinion | 23 Abr En reciente conferencia de prensa el equipo económico de gobierno encabezado por el ministro de Economía y Finanzas, Alvaro García, confirmó que la bancada de gobierno promoverá --y seguramente aprobará con su mayoría parlamentaria-- un proyecto de ley que autoriza a elevar el tope de endeudamiento del país, dirigido a enjugar problemas de caja y ahorrar dificultades al gobierno que asuma el 1º de marzo del próximo año.
A primera vista aparece como una medida de buena administración y sentido de responsabilidad, pero lamentablemente el proceso para llegar a esta definición, que debió explicarse detalladamente a la bancada oficialista, se dio precisamente a la inversa: estamos ante una medida que es consecuencia directa de la imprevisión y peor aún, de la soberbia puesta de manifiesto una y otra vez por el equipo económico y fundamentalmente por el entonces ministro Danilo Astori, respecto a que nuestro país estaba blindado ante la crisis financiera internacional.
Es cierto, el Uruguay está mejor perfilado que cuando la crisis de 2002, pero no precisamente por mérito que deba adjudicarse a la Administración Vázquez, sino porque esta crisis es diferente a aquella y de proceso más lento. En 2002 la corrida bancaria provocada por la crisis argentina diezmó el sistema financiero nacional, lo que provocó el cierre de bancos, desfinanciación de la pequeña empresa y la disparada de la cotización del dólar. Esto golpeó severamente la clase media en un plazo muy corto. Sin embargo hoy el ciudadano común que no se ve afectado directamente no aprecia la magnitud del problema que se avecina, porque aún mantiene su empleo con remuneraciones que siguen mejorando, el dólar está “planchado” y la pequeña empresa todavía no acusa el impacto, pero las exportadoras --que son las que generan las divisas-- ven como cada día son menos competitivas y pierden mercados, mientras los costos internos aumentan, en el marco de una situación que de no revertirse en lo inmediato provocará cierres y despidos masivos.
En la política, como en todos los órdenes, también incide la suerte, como la tuvo la presente administración, y con ella el país, pero como bien sostiene el dicho, a la suerte también hay que ayudarla, porque así como viene se va y la caída puede ser muy dura.
Y precisamente el error del gobierno ha sido la de apostar a que la bonanza se prolongaría por lo menos un año más, y fue sorprendido cuando la racha se cortó abruptamente desde el último trimestre de 2008. Si se hubieran instrumentado políticas anticíclicas, como aconsejaba el sentido común, en vez de acompañar la recaudación con un mayor gasto, que creció a razón de un 20% anual, hoy el Poder Ejecutivo no estaría enviando este proyecto de ley para ampliar el endeudamiento, porque el país tendría reservas para hacer frente a esta onda de choque de la crisis, y quedaría más o menos bien parado para cuando comience la reversión del proceso, teniendo en cuenta que estamos ante ciclos que van y vienen.
El gobierno hizo caso omiso a las voces, procedentes de todos los sectores, que aconsejaban prudencia, gastó todo e incluso infló el presupuesto como si la bonanza fuera eterna. Ahora ese gravoso compromiso se deberá afrontar con ingresos de coyuntura de crisis, como ya está ocurriendo, por lo que no puede extrañar que hoy se salga atrás de los hechos en busca de recursos del exterior.
También han debido corregirse sucesivamente las previsiones optimistas del comportamiento de la economía, lo que indica que hasta no hace mucho se estaba viviendo en una nube, muy lejos de la realidad y fundamentalmente de las medidas que debieron adoptarse en tiempo y forma para estar más o menos a cubierto.
Sucesivamente se ha ido corrigiendo al alza el déficit fiscal y a la baja el crecimiento de la economía para 2009: la última previsión es de un 2% de déficit fiscal y de un crecimiento del 2% en el Producto Bruto Interno, aunque todo parece indicar que no será la última corrección que demuestre que sigue agudizándose la brecha entre ingresos y egresos.
También ha quedado de manifiesto que los subsidios solo sirven cuando son temporales y específicos, pero que quedan en la nada si al mismo tiempo no se tiende a corregir las causas que llevan a esta medida. Ante el aumento del costo de generación por efectos de la falta de lluvias, UTE quedó con un “agujero” de 500 millones de dólares que ahora traspasa para este año. Claro, al no ajustar las tarifas, el gobierno priorizó la lucha contra la inflación y pretendió ahorrar males mayores, porque si ese índice superaba el 10% anual se ingresaría en el reajuste automático de salarios y jubilaciones, lo que hubiera afectado seriamente las finanzas del Estado.
Pero estamos nuevamente ante el síndrome de la frazada corta, y más que nunca en este caso, como consecuencia de la imprevisión y de la ligereza con que se apostó todo a ganador, cuando todos sabemos que la suerte es veleidosa, y nunca se sabe cuándo volverá, si es que lo hace.