Opinion | 20 Abr El alto costo de generación de UTE, como consecuencia de la falta de agua en los embalses de los complejos hidroeléctricos, que es un escenario recurrente y que ya se insinúa también para el próximo invierno, involucra grandes esfuerzos al país debido al elevado valor de la generación por petróleo, y asimismo por el alto precio de la energía que nos suministran nuestros vecinos Brasil y Argentina, para sacarnos de apuros durante las crisis.
Ocurre que seguimos arrastrando un problema de décadas, como consecuencia de un desfasaje entre la demanda y la incorporación de generación, que en su momento intentó salvarse mediante la construcción de centrales térmicas impulsadas por derivados del petróleo, los que generan a muy alto costo, son contaminantes y además implican creciente dependencia y vulnerabilidad del país.
Las fuentes energéticas alternativas, por lo demás, conllevan la contrapartida de no involucrar emprendimientos de gran envergadura, y por lo tanto no tienen la proyección de las centrales hidroeléctricas y hasta de las usinas térmicas como la central Batlle, en cuanto a la potencia que incorporan a la red de una sola vez.
Pero claro, todo debe evaluarse en el contexto en que se analice el tema, desde que el sentido común indica que UTE y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, siguiendo las directivas en materia energética del Poder Ejecutivo, deberían hacer los máximos esfuerzos para traducir esta supuesta voluntad política en crear condiciones para lograr un parque generador en base a energías renovables que tienda a revertir este panorama.
Pero lejos de ello, las acciones que se han desarrollado hasta el presente han sido en exceso tímidas en cuanto a la potencia y a la vez han insumido largos procesos, al punto que en lugar de reducirse la brecha, el déficit tiende a profundizarse, lo que augura momentos aún más difíciles para el Uruguay si no se cambia radicalmente la pisada.
A modo de ejemplo, tenemos que hace ya tres años UTE inició el proceso licitatorio para la compra de electricidad a largo plazo a inversores privados en base a impulsores alternativos como biomasa y energía eólica, por unos modestos sesenta megavatios, que son una ínfima parte en relación con el déficit de generación.
Empero, créase o no, esta licitación iniciada en 2006 todavía está en curso, porque el organismo en su momento solo adjudicó 36 megavatios, por considerar que los valores de venta del megavatio no debían pasar de un tope del orden de los noventa dólares y, eso sí, “invitó” a los oferentes a moderar sus aspiraciones económicas, para completar la licitación.
Por supuesto, solo algunos pudieron hacerlo y así el organismo solo adjudicó unos 36 megavatios y a la vez posteriormente se tomó su tiempo para convocar a la compra de los otros 24 restantes, poniendo de relieve en este caso un celo encomiable para sus finanzas, si no fuera que a la vez se constituyó en un gol en contra para la agilidad del proceso de reconversión energética, justificando plenamente el viejo dicho de que lo barato sale caro.
Así, por los restantes 24 megavatios formuló otro llamado a licitación que recién se termina de adjudicar, por lo que insólitamente cuando el país está necesitando cuanto antes mayor generación, se pierde un tiempo precioso en buscarle la quinta pata al gato, apremiando a los inversores a modificar propuestas, en tanto de un plumazo se paga cuatro veces más el megavatio cuando se compra la energía a los vecinos, como ocurre varias veces al año, por la insuficiencia del parque generador.
Encima, UTE había fijado topes ridículamente bajos para la potencia de cada generador privado, cuando el sentido común indica que se debe promover una inversión dinámica y de real incidencia para mejorar la oferta.
Recientemente, el director de UTE Gerardo Rey anunció que el ente ha decidido incorporar un plazo adicional de 30 días a las empresas privadas que se presentaron a la licitación para la venta de energía renovable, a efectos de que reformulen sus ofertas y tengan la oportunidad de acceder a nuevos contratos, más allá de los topes que se había fijado por decreto, por lo que por esta vía habría posibilidades de superar los 60 megavatios, cuando el total de ofertas presentadas era del orden de los 150.
Este es por lo menos un paso en la buena dirección, pero todavía muy incipiente, y por cierto lejos de ser realmente estimulante para los potenciales inversores que arriesgan capital en emprendimientos que mucho necesita el país, por lo que deberían buscarse reales alternativas a los condicionamientos que solo logran el efecto contrario a los que se dice buscar, para que no sigamos lamentando año tras año no haber hecho en su momento lo que había que hacer en forma impostergable.