Opinion | 24 Abr Uruguay fue escogido recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el mejor lugar para la presentación del informe que el organismo elaboró sobre la situación mundial acerca del tabaquismo durante 2008, oportunidad en la que presentó cifras muy preocupantes sobre un flagelo que causa millones de muertos en todo el mundo y afecta la calidad de vida de otros muchos, incluyendo a no fumadores.
El liderazgo de Uruguay en cuanto a medidas de protección para la población no fumadora y políticas dirigidas a combatir el hábito de fumar, es un mérito de la Administración Vázquez y surgió de una decisión personal del mandatario, consecuencia de su condición de oncólogo pero seguramente interpretando el sentir de amplios sectores de la sociedad que se consideraban inermes --efectivamente lo estaban-- ante la extrema tolerancia de las normas y muchas veces la desconsideración de quienes no tenían reparos en satisfacer su adicción en lugares absolutamente cerrados, incluso en el ámbito laboral, sin reparar en que su derecho a fumar iba hasta el de sus conciudadanos a respirar aire puro.
Pero seguramente el éxito, primero del decreto --y luego de la consecuente ley-- que prohíbe fumar en ambientes cerrados tanto públicos como privados, se debe al respaldo social a la medida del Poder Ejecutivo, desde que es el propio ciudadano, más allá de los aspectos punitivos incluidos en la normativa, el que controla que no se viole la ley y defiende sus derechos sancionando moralmente e incluso con sus reproches a los desaprensivos que nunca faltan.
Es decir que el presidente Vázquez tuvo en este caso la firmeza que se necesitaba detrás de la decisión y voluntad política para llevar adelante una cruzada en favor del interés general. Pero lo que es aún más importante, la población supo responder, pese a que naturalmente siempre hay intereses afectados y personas que han considerado que se les coartaba su libertad, pero que en gran medida han terminado aceptando en mayor o menor grado que hay derechos a respetar y que hasta entonces éstos eran vulnerados sistemáticamente.
Las últimas encuestas indican que prácticamente el 90% de la población --lo que incluye a muchos fumadores-- está de acuerdo con la normativa vigente en contra del tabaquismo, y lo que es aún más trascendente, las transgresiones a las normas --que siempre las hay-- son mínimas en comparación con la extensión que todavía tiene el tabaquismo, lo que obedece sobre todo a la vigilancia social.
Y éste es un aspecto fundamental si lo situamos en el contexto de un país en el que la regla es desconocer leyes y ordenanzas, donde la mentada “viveza criolla” significa por lo general que hay cierto grado de aceptación social de que no es tan condenable la evasión fiscal y pagar menos impuestos que lo que corresponde, o no respetar las normas de tránsito, arrojar basura a la calle e incluso “colgarse” de los servicios públicos, como si estas acciones no nos perjudicaran a todos.
Es decir que en una sociedad en la que sigue vigente el “vale todo” en infinidad de áreas, cuando sobre todo los jóvenes confunden el ejercicio de la libertad con el derecho a hacer cualquier cosa sin que nadie les pueda marcar límites, cuando hay círculos donde queda bien desafiar a la autoridad y a la ley, se ha aceptado empero de buen grado la norma que prohíbe fumar en lugares cerrados. Y se ha extendido a establecer severas restricciones a la publicidad de cigarrillos y tabacos, de las que el propio ciudadano es a menudo celoso custodio. Este sitial de liderazgo en la cruzada mundial contra el tabaquismo ha derivado en que la Organización Mundial de la Salud y varios países hayan adoptado a Uruguay como ejemplo y se han volcado a aplicar total o parcialmente esta normativa, tanto en lo que refiere a reglamentación como en lo relativo a educación --la escuela uruguaya se ha constituido en un excelente instrumento en la campaña contra esta adicción-- lo que evidentemente implica un reconocimiento al carácter de avanzada en el tratamiento de una problemática muy compleja, que hasta ahora ha sido exitoso en cuanto a salvaguardar los derechos de los no fumadores.
Igualmente, todavía queda planteado en toda su magnitud el desafío de que pueda lograrse similar resultado en evitar que las jóvenes generaciones caigan en esta adicción, y en lo posible, rescatar a muchos de nuestros conciudadanos que siguen perdiendo calidad de vida y arriesgando seriamente su salud.