Opinion | 25 Abr La opción de la empresa local Azucarlito de dejar de lado su primer proyecto para generar electricidad en base a desechos forestales a efectos de la venta “firme” de electricidad a UTE, para encarar un proyecto alternativo que implica la venta en el mercado ocasional, revela que existen notorias incongruencias en la política energética, si se analizan causas y consecuencias de decisiones que ha adoptado el ente, ya sea por sola potestad del directorio o en coordinación con el Ministerio de Industria, Energía y Minería.
En su momento la empresa sanducera había presentado su iniciativa en el marco de la licitación convocada por UTE para incorporar generación eléctrica en base a energía renovable, por una potencia de 60 megavatios, de la que en esa instancia solo se adjudicaron 36, previa apelación a oferentes a reducir sus aspiraciones de precio a un tope dispuesto por el ente. Y aunque varios inversores redujeron sus precios, algunos quedaron fuera de la licitación, como es el caso de Azucarlito, por diferencia de unos dólares en el megavatio, por lo que hubo un segundo llamado público por los restantes 24 megavatios, actualmente a punto de culminar.
De cualquier forma varios empresarios optaron por no intervenir, incluyendo a la empresa sanducera, por cuanto el margen de rentabilidad posible quedaba comprometido ante la envergadura de la inversión y avatares que nunca faltan. Así el país perdió la posibilidad de contar con un mayor nivel de respaldo de electricidad, porque UTE prefirió arriesgar a quedarse con menos potencia que comprometerse a pagar la electricidad por determinado tope dispuesto a su arbitrio.
Ocurre que mientras cuidaba unos dólares por este lado, ha tenido que salir a comprar electricidad a países vecinos a un precio cuatro o cinco veces mayor al que se negó a pagar a los inversores nacionales, por lo que se mandó “el negocio del tío Bartolo”, aunque se trate de compras periódicas y no de compromisos firmes.
El punto es que estamos ante un déficit crónico en generación, cuyo perfil está muy lejos de revertirse en el corto y mediano plazo, y la incorporación de generadores privados siempre es una buena inversión, conveniente tanto desde el punto de vista económico como estratégico para el país, lo que parece todavía no haberse asumido cabalmente por algunas dependencias del Estado, al punto que incluso se le ha puesto un tope a la potencia de los proyectos.
En el caso de Azucarlito, ésta resolvió reconvertir su proyecto y aprovechar sus instalaciones permanentes, con la incorporación de otro tipo de equipamiento, para participar en la venta en el mercado ocasional por un máximo de 5 megavatios, siempre y cuando le sirva el precio fijado por UTE de 250 dólares el megavatio, cuando paga prácticamente el doble a Brasil por la compra de electricidad.
Estas incongruencias responden a una política errática en materia energética, donde se desdibujan objetivos anunciados y que no se traducen en las decisiones que se adoptan en determinadas instancias, por cuanto el sentido común aconseja promover inversiones de la mayor envergadura posible en materia de energía renovable, para reducir dependencias y reforzar la potencia disponible.
En la misma línea y en el marco de la convocatoria a interesados en instalar aerogeneradores en parques eólicos, tras rechazar varias ofertas debido a los precios, el organismo decidió dar una nueva oportunidad a los que se presentaron y la empresa de capitales españoles Fortuny estaría dispuesta a rebajar la oferta original y podría firmar un convenio con UTE para la venta de energía, por unos 10 MW/hora.
Pero no todos se avienen a las imposiciones, y así la firma alemana Innovent criticó los procedimientos que utiliza el ente para adjudicar los contratos porque no se ajustan a la realidad del mercado ni a los costos de inversión, al punto que uno de los jerarcas de la firma subrayó que el piso que fijó el organismo “no es referencia a nivel internacional”.
Más allá de los intereses empresariales, siempre legítimos y que naturalmente apuntan a la máxima rentabilidad posible, debe tenerse presente que las prioridades son las prioridades, y que es preferible promover inversiones en energía que nos pongan a resguardo de crisis en el mediano y largo plazo, que salir cada dos o tres meses a comprarle energía carísima a nuestros vecinos, en las condiciones y tiempos que impongan, si es que la tienen disponible.