Opinion | 25 Abr “Cada amigo que pasa cerca me insulta”, dijo mitad en broma, mitad en serio, un funcionario del Senado cuando debió responder a personas que inquieren sobre los requisitos para presentarse al concurso convocado en el ámbito del Poder Legislativo a efectos de a ingresar como oficiales de secretaría y taquígrafos, lo que arrojó unos 59.000 inscriptos para el sorteo, en el que quedarán 360 aspirantes para 14 puestos.
El insulto, según se da cuenta en el diario “El País”, corresponde simplemente a ciudadanos que canalizan su ira con el escenario que presenta el Estado uruguayo, donde, como en este caso, los salarios que percibirán los que ganen el concurso serán de 43.000 pesos más compensaciones quienes accedan como taquígrafos y unos 27.000 pesos más compensaciones quienes vayan a servir café.
Los actuales funcionarios del Palacio Legislativo a la vez no ocultan su malestar porque en el marco de la idea de presentar “transparencia” ante la opinión pública, por lo menos en la imagen, han quedado netamente expuestos ante la ciudadanía una vez más los salarios de novela que perciben, absolutamente por fuera de los que se perciben por el ciudadano medio.
Este estado de cosas pone de relieve una vez más las iniquidades dentro del propio Estado, donde un policía que arriesga a diario su vida no percibe ni la quinta parte de estos salarios, y quienes a la vez son privilegiados por estos puestos lo máximo que arriesgan es quemarse sirviendo café o pincharse los dedos con la punta del lápiz.
Y no se trata de cuestionar porque sí que funcionarios perciban ingresos que les permitan llevar una vida decorosa, sino que estamos ante el lujo de la miseria que significa que miles y miles de trabajadores que ganan sueldos que no les permiten siquiera medianamente satisfacer necesidades básicas, estén sosteniendo con sus aportes el mejor pasar de quienes no hacen nada extraordinario ni cosa que se le parezca para sumar privilegios y beneficios como la cosa más natural del mundo.
El gran responsable de esta situación es el sistema político, con participación de todos los partidos, por haber prohijado estas injusticias en todos los ámbitos del Estado, y encima sumando beneficios para los funcionarios que tienen más cerca los legisladores nacionales y ediles (las juntas departamentales están en situación similar) en este caso, a lo que se agrega la “perla” de la decisión del ex presidente de la Cámara de Representantes, en el período anterior, de distribuir entre los funcionarios privilegiados los “ahorros” presupuestales de la cámara, en una verdadera burla a todos los uruguayos.