Paysandú, Martes 28 de Abril de 2009
Opinion | 28 Abr Con absoluto desprecio por la opinión de los demás, por los resultados de estudios técnicos llevados a cabo por consultores internacionales, organismos de nuestro país y de la propia República Argentina, los activistas de Gualeguay chú se sacaron las ganas de llevar a cabo una nueva demostración masiva contra la instalación de la empresa finlandesa Botnia en Fray Bentos y reclamar por su desmantelamiento, debido a la “contaminación” que provoca en el río Uruguay.
Como todo fundamentalismo, que se sustenta en fervor seudo religioso, aunque no haya elementos que lo prueben, los extremistas llevan a cabo su campaña como el primer día, al compás de un núcleo duro que lejos de entrar en razones y asumir por qué de a poco se han ido quedando sin el apoyo de buena parte de la ciudad, del resto de la provincia y de su país, incluso redoblan su apuesta pese a las exhortaciones de las autoridades nacionales y provinciales para que depongan su actitud y liberen el puente, así como aguardan a que se pronuncie sobre el diferendo el Tribunal Internacional de La Haya.
Esta actitud delirante e irracional que ha caracterizado al piquete desde sus inicios lo ha llevado a desestimar toda otra opinión o circunstancia que no signifique a apoyo a su postura, y como en una guerra, sus protagonistas minimizan situaciones indeseables, muchas de ellas irreparables, como es el caso del joven que resultó muerto este fin de semana en la ruta 135 cuando embistió con su motocicleta, en medio de la niebla, uno de los acoplados atravesados por los piqueteros de arroyo Verde.
Y como un simple daño colateral, el episodio fue ignorado por los activistas, que han postergado toda prioridad que no sirva a su causa, y una muerte es en su óptica un daño menor que no debe distraerlos del objetivo de su lucha y que constituye la razón de su existencia.
Lamentablemente, una de las constantes de los tiempos que vivimos es la exacerbación de presuntas causas populares que son llevadas adelante por quienes se autoerigen en representantes exclusivos de esa corriente de opinión, con la salvedad de que eluden toda posibilidad de formular una convocatoria amplia a la ciudadanía para que exprese con su voto si realmente está de acuerdo con estas acciones, como es el caso de los activistas de Gualeguaychú, que han rechazado sistemáticamente toda iniciativa de someter el tema a plebiscito e incluso han estigmatizado a sus impulsores como serviles a la empresa Botnia y enemigos de la causa popular.
Como suele ocurrir, la descalificación, los maniqueísmos y el ejercicio de actitudes mesiánicas de quienes se creen dueños de la verdad absoluta logran el objetivo de acallar las voces discrepantes por la vía de la estigmatización, como ha ocurrido con personas bien intencionadas de Gualeguaychú que han osado poner en duda la posibilidad de que Botnia contamine, y han sido objeto de ataques verbales y hasta de agresiones físicas al ser acusados de constituirse en enemigos del pueblo.
La política del malón justiciero popular, sin ningún sustento técnico, legal y menos aún racional, es la tónica de ciertos movimientos y en este caso de un piquete que pese a su descrédito, igualmente conserva su poder de disuasión y escrache en el vecino país. Solo ello puede explicar parcialmente que las autoridades se resistan a sacar a los activistas de la ruta, pese a que lo han hecho en otras situaciones en la Argentina, y en este caso ni siquiera se tenga en cuenta que se viola el artículo primero del Mercosur, que asegura la libre circulación de bienes y personas por los tendidos internacionales.
El último informe de la Dirección Nacional de Medio Ambiente entregado a la comisión de seguimiento de la planta de Fray Bentos, indica que “Botnia es la industria ambientalmente mejor controlada en Uruguay y probablemente en la región” en balance del primer año de funcionamiento de la planta, con datos de monitoreo sobre la calidad del aire y del agua en la zona, en el marco de estudios que fueron refrendados por diversas auditorías ambientales internacionales, como es el caso de la canadiense Ecometrix.
Pero claro, no puede esperarse el mínimo atisbo de sentido común para aceptar siquiera parcialmente estos informes por una asamblea encerrada en sus propios fantasmas y tabúes, y que ha hecho de la cruzada contra Botnia un fin en sí mismo, retrotrayéndonos a un oscurantismo digno de la Edad Media.
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