Opinion | 26 Abr Fue promulgada por el Poder Ejecutivo, y ya empezó a regir, la ley sobre Responsabilidad y Bienestar Animal. El proyecto, que fue presentado por el senador herrerista Gustavo Penadés en 2006 y aprobado por el Parlamento el pasado 18 de marzo, marca responsabilidades específicas a los propietarios en cuanto a mantener los animales en condiciones sanitarias, ambientales y de alimentación acordes a las más modernas normas emitidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Asociación Mundial para la Protección Animal.
Asimismo, establece sanciones para los casos de maltrato o abandono de animales e incluso la falta de un cuidado adecuado a la especie. Establece, la obligación de la identificación e inscripción de los animales en un registro, lo que a la vez asegurará la responsabilidad de quien figure como propietario del animal con el objetivo de evitar el abandono y que queden impunes los daños a personas o animales llevados a cabo por mascotas, incluso las que son abandonadas por sus dueños y pasan a engrosar las cifras de los que viven en la calle.
La ley adjudica la fiscalización a una comisión honoraria que recibirá las denuncias y podrá contar con la colaboración de la Policía, si es necesario, para la inspección de aquellos lugares donde se alojen los animales.
Las organizaciones de protección de animales que trabajan en diferentes lugares del país estaban esperando desde hace bastante tiempo la aprobación de esta ley que representa un avance para comenzar a legislar y ordenar el tema.
No obstante, la instrumentación de muchos de los aspectos que incorpora no será sencilla. Será necesario reglamentar algunos y, por otra parte, generar un compromiso local importante en cuanto a la fiscalización en el Interior, ya que por mejores intenciones que tengan sus integrantes, una comisión honoraria radicada en Montevideo difícilmente pueda cambiar la realidad de muchas de nuestras ciudades y alrededores en cuanto a temas clave como los animales callejeros o las situaciones de maltrato contra animales usualmente utilizados para tareas laborales.
La ley representa entonces un gran paraguas que aporta algún tipo de protección y ordenamiento pero que sin la definición de apoyos efectivos y el compromiso de las autoridades locales y los actores comunitarios, será muy difícil que se vuelva un instrumento efectivo. Habrá que ver entonces si somos capaces de articular lo que sea necesario para que las soluciones a problemas concretos, como por ejemplo los perros callejeros, puedan comenzar a visualizarse por la población. En verdad, todo un desafío.