Opinion | 27 Abr Como manifestación de impotencia, malestar, frustración y seguramente también una amplia mezcla de estos sentimientos, los policías de Rivera, incluyendo sus autoridades, encabezadas por el propio jefe de Policía, decidieron no prestar custodia en ninguna de las dependencias que contratan el servicio 222, luego que el magistrado actuante dispusiera el procesamiento con prisión de doce integrantes de esa fuerza, en el marco de la investigación de la muerte de un recluso fugado, que tuvo lugar hace dos años.
La ciudad fronteriza amaneció convulsionada al conocerse que once policías habían sido enviados a prisión por el delito de encubrimiento y uno más por falso testimonio, cuando el juez Rodolfo Souto, pese a que no pudo identificar al autor del disparo que ocasionó la muerte de Cristiano Castaño, de 24 años, un recluso que se acababa de fugar de la cárcel departamental el 26 de febrero de 2007. El magistrado consideró que había pruebas suficientes para privar de libertad a tres oficiales y nueve policías de menor rango por ocultar información sobre el caso o directamente mentir.
Los policías se concentraron frente a la sede judicial en manifestación, mientras en las radios de Rivera llovían los mensajes de texto en apoyo a los compañeros procesados, en tanto también resolvieron dejar sin custodia la sede judicial, señalando que si los jueces quieren custodia deberían contratar un servicio 222.
“Nos preguntamos cómo hay que actuar de ahora en más. Si dejamos escapar un preso nos remiten, si evitamos que se escape, nos remiten. Si nos matan intentando detenerlo, hacen lindos discursos frente a nuestro féretro”, comentó un efectivo al diario “El País”.
Por cierto, no puede haber lugar a dos opiniones sobre este tipo de episodios: los policías deben actuar en el marco del ordenamiento legal, sometidos a lo que disponga el Poder Judicial, porque esa es la condición y garantía que existe en un estado de derecho y cuando la institución policial no actúa dentro de que establecen las normas, ello puede dar lugar a situaciones tan lamentables como las que nos ocupa. Tampoco puede desconocerse que como ocurre en todos los órdenes de la vida, los jueces son seres humanos y por lo tanto falibles, por lo que hay mecanismos para canalizar acciones que apunten a rever fallos, más allá de la crítica y reacciones airadas que puedan ocasionar en un primer momento.
Ocurre que estos hechos se dan en el contexto de una Policía y una población hipersensibilizadas ante la ola de delincuencia que azota al país, y que ha asumido que las fuerzas del orden se encuentran atadas de pies y manos para actuar con diligencia en defensa de la población, que faltan efectivos para patrullar, participar en operativos e investigar, y que en cambio los antisociales tienen todas las facilidades para cometer delitos a sus anchas.
No es menos cierto también que delincuentes menores de edad, muchos ellos de gran ferocidad y largas carreras delictivas, gozan de absoluta impunidad para cometer sus delitos, que los policías exponen su vida para perseguirlos y arrestarlos, y que cuando lo logran se encuentran con que los criminales son dejados en libertad por la Justicia y “entregados” a sus padres, o en su defecto, “internados” en hogares de los que se fugan en menos de lo que canta un gallo, para volver a las andadas.
Por añadidura, el gobierno sigue preocupado más por la suerte de los presos que por la de la los ciudadanos que son víctimas de los robos, asaltos y agresiones de todos los días, y la ministra del Interior Daisy Tourné una vez sí y otra también culpa a la prensa por “crear” la sensación de inseguridad en la población, como si ésta precisara que alguien le diga cómo son las cosas que advierte y sufre en la calle, para su desventura.
Y de nada sirve que los precandidatos del oficialismo salgan a decir que hay que hacer algo contra la inseguridad, pero en una forma “integral”, cuando es notorio que este concepto responde a su prédica de que la sociedad es la culpable de la delincuencia, porque con la marginación empuja a delinquir, de donde se infiere que “integral” quiere decir que hay que esperar que den resultado las supuestas políticas sociales contra la exclusión.
La sociedad no puede esperar más por esta promesa, sino que necesita respuestas ahora, las que la fuerza de gobierno se ha negado sistemáticamente a promover mediante una reconsideración del texto legal vigente, que permite que la minoridad infractora siga cometiendo atropellos contra el ciudadano a la vista de todos, mientras no se ha dotado a la Justicia y a la Policía de instrumentos para cumplir cabalmente con su cometido de administrar justicia y proteger a los ciudadanos.