Locales | 26 Abr Es evidente que los representantes políticos no se ponen de acuerdo y si bien hay un proyecto de ordenanza concreto, remitido en su momento por el titular de la Dirección de Higiene de la Intendencia, la Junta Departamental no encuentra la demorada “luz verde” que permita la aprobación del correspondiente decreto.
Como recordara en su momento el presidente de la Comisión de Legislación y Apelaciones, edil Ricardo Ambroa, desde hace ocho años el tema está en la carpeta de trabajo del deliberativo y varias han sido las inquietudes al respecto, pero la cuestión es que no se avanza prácticamente nada.
Al comienzo la polémica se centraba en la eventual eliminación de los perros, prurito insalvable a nivel público dado el ancestral rechazo que había hacia la antigua “perrera”, lo que hizo reaccionar con mucha fuerza y reiteradamente a la Sociedad Protectora de Animales toda vez que se mencionaba el trabajo de comisión (nunca llegó al plenario un informe con proyecto de decreto). Es así que al consultarse las distintas experiencias existentes en el país, que no son muchas, se rechazaron de plano aquellas que por lo menos establecían cierta forma de violencia en la captura de los canes.
En la actualidad, cuando el sacrificio de los perros ya no está en juego, aparecen otros factores de discordia. El principal quizás es que ya ni siquiera se admite la captura para el posterior traslado a un refugio o como también se denomina -seguramente que en forma errónea- “hogar sustituto” a los perros que se recojan de la vía pública. Este último aspecto es el más controvertido a nivel político, sin dudas por el tema costos o por la imposibilidad de un control estricto de aquellos sitios en que -masivamente- se depositen los perros.
Para esta eventualidad hay alguna idea concreta, expresada en el seno de la comisión por una de las ediles integrantes, de que se disponga una cantidad máxima para tener por cada una de ellas (no más de seis o siete perros), lo que se entiende permitiría -por lo menos- un más efectivo control del estado de los animales.
Nadie se hace cargo
Un aspecto que deberá contemplarse por los ediles departamentales es que tiene reciente aprobación de las dos cámaras del Parlamento Nacional una ley sobre protección animal y, obviamente, responsabilidades de los tenedores, lo que dará un marco de referencia de cumplimiento obligatorio. Prácticamente, al reglamentarse y ponerse en vigencia, tendría que ser el detonante de la pronta aprobación de la tan demorada ordenanza en Paysandú. Desde luego que ya no solamente referida a los perros sino a la totalidad de animales, ya que los caballos en la ciudad, caballos y vacunos en las rutas, son un constante peligro para los conductores de vehículos.
Por lo pronto, nadie se hace cargo de los perjuicios que ocasionan los perros sueltos y que no arrojan otra consecuencia que personas heridas -algunas seriamente- que pierden días o semanas de trabajo, así como deben hacerse cargo de la reparación de sus birrodados, ya sean motos o bicicletas, porque los dueños no aparecen por ningún lado.
O también hay personas mordidas, incluso por perros de razas peligrosas y agresivas que sí tienen dueños identificables pero son dejados en cajas de camionetas sin bozal o ni siquiera atados para una mínima seguridad de los peatones.
Otro aspecto cuestionable es la suciedad que dejan los perros, a todo nivel y en cualquier situación de tenencia, por no aplicarse tampoco la otra gran variante que es la obligación de contribuir -palita y bolsa de nailon por medio- levantando las heces de los perros de veredas, plazas y otros espacios públicos.