Opinion | 07 May Las instancias electorales no son tiempos sencillos para los candidatos que están obligados de exigirse al máximo a sí mismos y a sus equipos de campaña para tratar de captar por todos los medios posibles la mayor cantidad de votos, ni para los ciudadanos que quedan expuestos al aparato proselitista de todos los partidos políticos, y generalmente a una saturación de información y publicidad por los más diversos medios. Esto incluye no sólo a los medios de comunicación en general, sino también a nuestros ámbitos cotidianos y uno de los más afectados por las campañas electorales suele ser la vía pública.
Ya desde hace varios meses, los espacios públicos están siendo huéspedes obligados de consignas electorales y hasta los inmuebles privados en desuso o sin habitantes son objeto también de la agresión de las “pintadas”.
A un mes y medio de las elecciones internas y con el largo camino que queda aún por delante hacia las elecciones nacionales, y posteriormente las municipales de julio de 2010, uno se pregunta en qué estado quedarán nuestras ciudades.
La cultura ciudadana ha desarrollado formas de comunicación electoral que por masificar los mensajes no respeta los espacios públicos. En el centro de Paysandú hay lugares que casi a diario sufren el vandalismo electoral y uno de ellos es el ex local del Banco La Caja Obrera, que luce literalmente empapelado por carteles partidarios que se superponen en gruesa capa de cola y papel según el sector o partido que en cualquier momento decida “empapelarlo”. Un poco más lejos del centro, ni el muro del cementerio se salva.
Por esta época, tales prácticas se vuelven cotidianas y ya parece imposible imaginar una campaña electoral uruguaya sin toda esa parafernalia que la rodea y toma por víctimas a muros, columnas, semáforos, árboles y hasta el cordón de las veredas.
Si otros actos de contaminación del ambiente se fiscalizan y son sancionados, ¿acaso con el abuso de la propaganda electoral sobre el ambiente no debería haber también algún control? Por otra parte, reglamentaciones para protección de la salubridad del espacio público existen en todos los departamentos, sólo que especialmente en épocas electorales parecen olvidarse.