Opinion | 02 May El Estado “cada vez nos impone más responsabilidades”, y “cada vez tenemos que hacer más funciones de control que tiene que hacer el Estado”,y si bien “es una tarea muy digna, pero si por llevar café en el Parlamento me pagan 40.000 pesos, ¿cuál es el incentivo de ser empresario?”, reflexionó la representante de los empresarios en el Directorio del Banco de Previsión Social, Elvira Domínguez, al exponer en la conferencia sobre “Cuánto cuesta tener una empresa en regla”, del ciclo Amasando Ideas.
Por supuesto, se trata de la óptica de un sector –muy importante por cierto-- de la trama socioeconómica del país, pero nos da por lo menos una idea aproximada de un punto de vista diferente del que suele percibir el ciudadano común, pertenezca el sector al que pertenezca, desde que la economía está interrelacionada en forma indisoluble y no hay sector que no dependa de la suerte del otro.
Claro, un mundo aparte es el de los funcionarios públicos, que no dependen de nada que les pueda hacer sombra, mientras el Estado se ocupe de sacar dinero a los sectores que crean la riqueza y los distribuye entre grupos que además de su inamovilidad, no tienen problemas de desempleo, porque aún a pérdida, el Estado –es decir todos los uruguayos-- aportarán para solventar el déficit y mantener dos o tres veces más funcionarios que los que se necesitan.
Pero cuando se trata de detraer recursos, se presenta como convidado de piedra al que hay que dar participación aunque la empresa se esté fundiendo, el personal sufra problemas de desempleo por los problemas de sustentabilidad del emprendimiento, se pierdan horas de trabajo o se esté en camino del Seguro por Desempleo como antesala del despido.
Domínguez, en línea con este razonamiento, evaluó que el Estado recarga de responsabilidades a los privados y dijo que eso deriva en los “escasos” incentivos que tienen para estar en la formalidad y desarrollarse como empresarios.
Sostuvo que la recaudación del Banco de Previsión Social sigue en aumento, así como la cantidad de cotizantes, pero que la informalidad continúa en el 30 por ciento, y consideró que ello se debe a barreras burocráticas, altos costos, y preguntó si “¿no será porque el Estado está exigiéndonos demasiado a los empresarios?”.
Para la representante de los empresarios en el BPS la legislación no favorece la formalidad ni brinda derechos de salud o igualdad de los empresarios frente a trabajadores, y puso como ejemplo que “un empresario que está en una unipersonal y si quiere contratar un segundo empleado lo va a tener en negro, no lo inscribe porque el día que lo hace pierde los derechos de salud”, y criticó que los subsidios por maternidad se den a las mujeres trabajadoras “incluso que no están registradas” en el BPS pero no a las empresas que trabajan en forma de unipersonal. “Los empresarios son tan trabajadores como los dependientes”, destacó.
Por supuesto, Domínguez alude a una cultura del empresario-rico-explotador tan afín a una visión de los uruguayos que se apoya en el viejo Estado paternalista y protector como contraposición a quienes quieren “llevarse la riqueza”, cuando en realidad el Estado no crea nada y lo que hace es detraer recursos a quienes sí la crean, es decir empresarios y trabajadores, en una comunión de esfuerzos que es el verdadero sostén de la economía del país.
Y si el Estado puede contar con recursos para hacer de Papá Noel –aunque no gratis, porque antes se reserva para sí la parte del león— a la vez de mantener y hasta aumentar sus desmedidos gastos de funcionamiento, prestar servicios a costos “inflados” y mantener estructuras burocráticas con puestos como conserjes, ascensoristas, porteros y mozos que sirven café en el Parlamento con salarios de 40.000 pesos, es porque existen emprendedores que arriesgan capital y patrimonio, y trabajadores sin inamovilidad que saben que dependen de la suerte de la empresa para mantener su fuente laboral, con altísimos costos en cargas sociales y tributación. Claro, sin estos enormes costos para mantenerse en la legalidad, no habría dinero para sostener a esos sueldos de novela en dependencias públicas, como así tampoco para mantener aventuras a pérdida como las de Alur en Bella Unión, las cementeras de Ancap con déficit de decenas de millones de dólares al año, con monopolios de UTE, OSE y Ancap que nos aplican tarifas con sobrecostos para ocultar su ineficiencia, y seguir ingresando en forma “transparente” miles de funcionarios al Estado.
Es decir, sacrificio de muchos, que ponen todo el riesgo y mucho más, mientras el Estado exige cada vez más, sin reparar en el viejo dicho de que es de tontos exprimir la vaca hasta que ya no pueda dar más leche.