Opinion | 09 May “La letra con sangre entra”, sostiene el refrán, y ello explicaría que el directorio de UTE esté dispuesto a revisar sus políticas prescindentes en cuanto a la incorporación de generadores de electricidad en base a energías alternativas, a los que en primera instancia desestimuló con exigencias desmedidas, al topear tanto la potencia de generación como el precio del megavatio.
En su momento el ente le dio largas a la primera licitación convocada para incorporar a generadores privados en base a impulsores como energía eólica y biomasa, manejando argumentos como precios desmesurados, e impuso techos muy por debajo de los 100 dólares, con lo que logró desinteresar a muchos oferentes, entre ellos Azucarlito, que optó por reorientar su proyecto inicial al mercado ocasional, por lo que venderá electricidad a UTE solo cuando le sirva el precio.
La modesta potencia inicial de la licitación, de solo 60 megavatios, en los hechos quedó solo en 36, porque el ente desestimó el resto de las ofertas, y se tomó prácticamente dos años más para convocar a una nueva licitación por los restantes 24, por lo que se ha dado el contrasentido de que en un país en el que hay un déficit energético acuciante, el ente monopólico de la electricidad se ha dado el lujo de autorizar por cuentagotas la participación de privados en la generación, como si nos sobrara energía.
La sequía de los últimos años por lo menos ha contribuido a llamar a la realidad a las autoridades del organismo, que aparentemente tenían como premisa un celo extremo en cuidar las finanzas del ente, y por ello habían “invitado” a los oferentes a bajar sus precios. Lo que a primera vista no parece mal, solo que el resultado que tenemos a la vista ha sido el de desestimular a los inversores, y demorar dos años en incorporar una potencia alternativa que desde el vamos debió haber quedado instalada sin mayores pruritos. Encima el ente -y el país- perdió decenas de millones de dólares, porque la energía cuyo precio retaceó en el mercado interno debió comprarla mucho más cara a los países vecinos, como lo está haciendo actualmente.
Por añadidura nos hemos atrasado significativamente en esta reconversión y seguimos vulnerables como nunca a los avatares del clima, como lo demuestra la actual sequía, que ha reducido sustancialmente el nivel de los embalses de los complejos hidroeléctricos. Paralelamente, Brasil ha limitado en 145 megavatios el máximo que puede vendernos, y además a un precio varias veces superior al de los privados a los que UTE les dijo que pedían demasiado por su energía.
Y si bien los precios del petróleo, muy por debajo de los 140 dólares el barril de mediados del año pasado, ayudan a que la generación térmica no resulte tan costosa, estamos ante un déficit ya crónico de potencia y expuestos a que una nueva suba nos encarezca aún más la generación.
Pero todo indica que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, le ha tirado las orejas a las autoridades del organismo, y en un reciente encuentro de los generadores privados de electricidad con el director nacional de Energía, Ramón Méndez, han surgido elementos positivos que indican que en esferas de gobierno se ha asumido la existencia de errores o defecciones que han contribuido a magnificar los problemas energéticos del Uruguay.
Es así que en una reunión con directivos de la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía, Méndez anunció que en el corto plazo el Poder Ejecutivo lanzará una nueva licitación para el contrato de más potencia de energía renovable a partir de biomasa y energía eólica, y que puede tener modificaciones respecto al último llamado.
Entre las posibilidades manejadas figura la de que el Poder Ejecutivo fije un precio de referencia del megavatio hora y luego llame a empresarios privados para que presenten sus proyectos, en vez de la postura inversa que adoptó en las anteriores licitaciones, cuando impuso topes por su cuenta sin haberlo incluido en las condiciones de la licitación.
De todas formas, se necesita a esta altura mucho más que estos tímidos y muy limitados llamados para cambiar la pisada en el respaldo de generación, si se tiene en cuenta que según el Poder Ejecutivo se mantiene la meta de incorporar un total de 500 megavatios de potencia procedente de energías renovables para 2015, y tenemos el nada alentador antecedente de que van a pasar tres años, por lo menos, para llegar a los primeros escasos 60 megavatios.