Opinion | 08 May En la segunda quincena de este mes el Ministerio de Economía y Finanzas dará a conocer un conjunto de medidas que en esencia apuntarán a promover la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de la economía sobre todo en países como Uruguay, donde conforman prácticamente el 90 por ciento de su actividad económica, incluyendo su fuerza laboral. Según el titular de esta cartera, Alvaro García, se trata de medidas que serán de rápida implementación y que responden al compromiso que había asumido en oportunidad de acceder a este cargo.
Las medidas en elaboración surgen a partir de la participación de organismos como el propio ministerio en lo que refiere al área tributaria, a la Corporación Nacional para el Desarrollo en lo que tiene que ver con el apoyo crediticio y el Instituto Nacional de Calidad desde el punto de vista del control técnico.
Estas propuestas han sido consecuencia de una tarea que se inició en octubre pasado, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas, junto con la corporación, a través de Uruguay Fomenta, convocó a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las instituciones que integran o que las apoyan, a presentar propuestas de mejora en aspectos tributarios, formalidad, acceso al crédito, acceso a la información, calidad y “emprendedurismo” (¿?). Los representantes del Poder Ejecutivo habían señalado que se tomarían un período de dos meses para el estudio de la viabilidad técnica y económica de las medidas que surgieran de estos aportes, pero del estudio de la problemática surgió que se conformará un “paquete” de medidas que apuntarán a facilitar y promover la actividad de los respectivos sectores comprendidos en las pymes. La inquietud de los micro y pequeños empresarios se ha manifestado a través de un centenar de propuestas, que en resumen apuntan a que se flexibilice el pago del monotributo, la ampliación y modificación de horarios en las oficinas de atención al público, formas para la formalización de empresarios y un cambio en la manera en la que actúan los inspectores de la Dirección General Impositiva.
Otra inquietud refiere a que se instrumente una gradualidad en la aplicación de los aportes para quien desee legalizarse, por cuanto un pasaje abrupto significa un costo que a menudo resulta imposible de absorber por las empresas, en tanto otro planteo tiene que ver con el uso del monotributo para descuentos fiscales, teniendo en cuenta que hoy solo puede facturarse a los consumidores finales.
Y aunque existe una amplia gama de situaciones dentro de las pymes, evidentemente el informalismo es un factor distorsionante en su actividad, que también se proyecta negativamente en quienes trabajan en la legalidad, desde que se crea una competencia desleal que obra en contra de quienes procuran cumplir con todos los requisitos legales.
Dentro de las pymes se registra indudablemente el mayor porcentaje de trabajo en negro, que tiene muchas causas, una de las cuales es que evidentemente a nadie le gusta pagar impuestos, pero que en el caso de nuestro país a la vez tiene el agregado de que invariablemente la DGI fiscaliza en forma prácticamente exclusiva a quienes están inscriptos, y que son pocos los inspectores que actúan eficazmente para evitar que quienes no aportan cargas sociales ni pagan impuestos trabajen con costos muy por debajo de los de quienes se mantienen dentro del circuito legal.
Por otro lado, el Estado hace que mantenerse en el informalismo sea un buen negocio, desde que el alto peso de las cargas sociales y de la tributación obran como factor disuasivo para quienes apuntan a legalizarse algún día. Y si bien hay una cultura del trabajo en negro, no es menos cierto que esta evasión al fin de cuentas no le sirve a quien la practica, tampoco a quienes sí cumplen con sus obligaciones y menos aún al Estado, que deja de percibir recaudación.
Pero sobre todo, el Estado es omiso en procurar que haya una mejor distribución de esta carga, teniendo en cuenta que si todos pagamos impuestos y cargas sociales, todos nos veremos aliviados por una menor carga particular y gozaremos de similares derechos, aunque nunca podrá evitarse que se den iniquidades en situaciones puntuales.
También es cierto que las pymes surgen como respuestas de emergencia por quienes han perdido su empleo y deben improvisarse como empresas unipersonales, lo que implica trabajar con escasos ingresos y dificultades económicas que no les permiten más o menos vivir al día, y mucho menos dan margen para poder tributar y engancharse en el circuito legal, lo que a la vez determina no contar con cobertura social y no generar aportes para acogerse en su momento a los beneficios jubilatorios.
Y si bien debe recononocerse que esta es una parte de una vasta problemática que procura ser contemplada a través de las medidas en estudio, no es menos cierto que todas las otras se vuelven inocuas si no se logra incorporar a la formalidad a miles y miles de pymes que hoy están marginadas y las más de las veces no por decisión meditada, sino empujadas por las circunstancias.