Opinion | 08 May El Poder Ejecutivo decidió que la obligación de contar con un seguro contra terceros en los vehículos se postergue un año, argumentando que existen “dificultades en la implementación y reglamentación de la Ley 18.412”. La citada ley, aprobada en noviembre de 2008, estableció un seguro obligatorio con el fin de cubrir los daños físicos, lesiones o muertes que puedan sufrir terceras personas al experimentar un accidente provocado por automóviles y/o acoplados remolcados, además de prohibir la circulación de los vehículos que no cuenten con dicho seguro.
La reglamentación, luego de una larga discusión, se aprobó en la coincidencia de que la obligatoriedad del seguro contra terceros beneficia a la población en su conjunto y ayuda a reducir los costos que en materia de siniestros de tránsito termina financiando toda la sociedad.
Evidentemente que en simultáneo al establecimiento de la obligatoriedad debe implementarse un sistema rígido de fiscalización que garantice el cumplimiento de la normativa y la norma así lo prevé. Sin embargo, da la impresión de que en año electoral se busca evitar la antipatía que puede generar en los ciudadanos irresponsables la demanda de una inversión.
Que los accidentes de tránsito a diario desencadenan dramáticas situaciones de fallecimientos, lesiones y discapacidades temporales y permanentes no es algo que necesite reiterarse. Protejer y amparar a las personas frente a los accidentes de tránsito debería ser un objetivo claro y prioritario que se asume con acciones. La postergación, de un año en la vigencia fundada en los motivos que sea, resulta excesiva y representa una señal negativa.
Porque mientras se ajustan “los detalles de implementación” y en principio hasta el 19 de mayo de 2010, todos seguimos en riesgo ante las negligencias e irresponsabilidades de terceros.