Rurales | 10 May Un proyecto de ley que aprobó el Senado establece que los propietarios de tierras que las destinen para explotaciones agropecuarias, quedarán obligados a aplicar las técnicas que señale el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para evitar la erosión y degradación del suelo o lograr su recuperación y asegurar la conservación de las aguas pluviales.
Los que no cumplan deberán pagar multas de hasta 10.000 Unidades Reajustables (UR), monto que asciende a $ 4.172.900 si se calcula con el precio de la UR de mayo, según lo establece un proyecto de ley que aprobó el Senado.
El texto que espera la sanción definitiva en la Cámara de Representantes, sustituye el artículo 2º del decreto ley 15.239 de diciembre de 1981, para incorporar la obligación y establecer la sanción. La División Servicios Jurídicos del MGAP, en el ejercicio de sus potestades, podrá sancionar con una multa que será fijada entre 10 UR ($ 4.170) y 10.000 UR ($ 4.172.900).
El articulado establece que, en caso de que la misma sea aplicada contra un propietario de inmuebles que no lo estuviere explotando en forma directa, a efectos de la graduación de la multa se tendrá en cuenta la “conducta de este en relación al control” que hubiere efectuado en cuando al manejo de los suelos y aguas.
Asimismo, el servicio jurídico de la secretaría de Estado tiene potestad de castigar al propietario incumplidor con hasta un año de habilitaciones, permisos o autorizaciones para la actividad respectiva, antes de aplicar la multa.
ARRENDATARIOS
La ley indica que para los contratos que se otorguen a partir de la vigencia de la ley, por el cual una de las partes se obliga a conceder a la otra el uso y el goce del predio rural con destino a cualquier explotación agropecuaria, las partes podrán establecer una “cláusula en la cual se estipule que se depositará una suma de dinero en el BROU, la cual servirá de garantía a efectos de cubrir una eventual multa por el mal manejo del uso de suelos”.
El tema derivó en un largo debate entre los senadores de todos los partidos que, además de discrepar y polemizar sobre puntos concretos de la propuesta, coincidieron en manifestar la oportunidad y el avance que significa la norma para el cuidado del suelo y las aguas. El Partido Nacional se manifestó en contra, pero votó en general.
“Con este proyecto buscamos hacer responsable del cuidado del suelo y el agua, como recurso finito, a la sociedad en su conjunto, y lógicamente en particular al explotador y arrendatario que infringe parámetros que fija el MGAP”, explicó a Últimas Noticias el senador Jorge Saravia (MPP).
Afectadas
El senador Saravia estimó que cerca de un 30% del total de la tierra productiva nacional, unas cinco millones de hectáreas, están afectadas en diferentes niveles, la mayoría en proceso de “degradación” y el resto o bien con “erosión” o el extremo de la “contaminación”.
Explicó que la principal causa del deterioro de los suelos es la utilización indiscriminada de glifosato (un herbicida de amplio espectro, no selectivo, utilizado para eliminar malezas indeseables), en la preparación de tierras con el fin de la siembra directa, lo que ocurre sobre todo en la producción de soja.