Opinion | 07 May En las últimas horas el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley denominado de reparación integral para víctimas de represión, el que reconoce responsabilidad del Estado e incluye casos desde 1968, durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, el que se inscribe inequívocamente en la línea que ha seguido el presente gobierno, sobre todo al influjo de sectores radicales, en cuanto a presentar una imagen distorsionada y hemipléjica de la realidad que se vivió en ese oscuro período de la historia del país.
Según el documento, se asume el “quebrantamiento del Estado que impidiera el ejercicio de derechos fundamentales a las personas, en violación a las normas del Derecho Humanitario entre el 27 de junio de 1973 y el 28 febrero de 1985”, pero también en el proyecto se asume la responsabilidad por las prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención judicial, a partir del 13 de junio de 1968, fecha en que se decretaron las Medidas Prontas de Seguridad.
Esta iniciativa, como otras que se han promovido en la actual administración, recoge una vez más una visión unidireccional e ideológica del escenario que vivió el país en los años 1960 y 1970, y soslaya expresamente la gran responsabilidad que le cupo a sectores radicalizados de izquierda que inspirados en la revolución cubana que tomó el poder en 1959 con Fidel Castro a la cabeza, pretendieron recrear en el país condiciones para llegar al gobierno mediante el empleo de las armas y sacaron a los militares de sus cuarteles.
Lamentablemente se insiste en dividir al país entre buenos y malos, incluyendo entre los primeros a los antisociales que empuñaron las armas, robaron, secuestraron, mataron y crearon el caos para promover una revolución popular que nunca se concretó, porque el pueblo les dio la espalda. Estas incursiones dejaron naturalmente graves secuelas que nunca se ha pensado siquiera en reparar, en tanto en la segunda categoría se pone incluso a todos quienes fueron convocados por los organismos del Estado a cumplir con su deber de combatir a los que cometían delitos comunes con la excusa de una lucha ideológica y que intentaban acceder al poder desconociendo la voluntad popular, que en una democracia se expresa únicamente a través de las urnas.
Claro, estas reparaciones ideologizadas conllevan el error de una interpretación sesgada y al paladar de la historia reciente, como surge del análisis de la diputada frenteamplista Daniela Paysée, quien destacó que esa época configuró una etapa previa al gobierno de facto. “La dictadura no vino sola, no se apretó un botón y apareció. Hubo una etapa previa, donde hubo una actuación ilegítima del Estado a través de la permanente imposición de Medidas Prontas de Seguridad. Algunas votadas por el Parlamento y otras ya en estado de decisión extraordinaria por parte del presidente de turno, que motivaron detenciones, torturas, fallecimientos --asesinatos mejor dicho--, por motivos políticos ideológicos o gremiales de una cantidad de gente en este país”, sostuvo.
Y si bien hubo excesos durante ese período en el que la democracia --aunque imperfecta-- era asolada por el accionar de los terroristas nucleados en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y también otros grupúsculos de iluminados con menor incidencia, no puede dejarse pasar así nomás que no se tenga en cuenta para nada este elemento decisivo para explicar las razones por las cuales llegamos a la dictadura que “oficialmente” se instaló en junio de 1973, pero que fue consecuencia de un proceso en el que los terroristas también violaron los derechos humanos de quienes consideraban su enemigo, y por supuesto, de la enorme mayoría de la población que quería vivir en paz, lejos del estallido de las bombas, de las sirenas, de los copamientos, de los atentados a toda hora y en cualquier lugar.
Pero si se parte de un diagnóstico equivocado, o mejor dicho interesado en presentar las cosas desde un punto de vista idealizado e ideologizado, para trasladar todo el peso de la responsabilidad a los del otro bando, no pueden extrañar estas iniciativas trasnochadas que pierden todo marco de referencia objetivo para transformarse en meros instrumentos políticos del gobierno de turno, en un burdo intento de lavar culpas y llevar agua para su molino.