Opinion | 10 May La deflación de abril, que se situó en el 0,04 por ciento, es un índice alentador en el marco de una situación socioeconómica del país que aunque no es todavía perceptible por buena parte de la población, se va deteriorando gradualmente como consecuencia de un escenario internacional que ha cambiado drásticamente desde mediados de 2008, y por el agravante de manejos erróneos de la Administración Vázquez que han determinado que resultemos más vulnerables.
En el cuarto mes del año hubo un retroceso de precios, sobre todo en alimentos de estación, como frutas y verduras, que de acuerdo a los estudios del Instituto Nacional de Estadística arrastraron esta vez a la baja una tendencia inflacionaria que se venía manifestando prácticamente sin cesar al alza.
Ocurre que el año anterior, como consecuencia de una serie de factores, se había registrado un rebrote inflacionario que hizo que los índices se aproximaran al diez por ciento anual, es decir al límite a partir del cual se disparan aumentos salariales y de pasividades cada seis meses, con todo lo que ello conlleva para las arcas del Estado y como elemento realimentador de la inflación.
Y al haberse registrado esta baja mínima, el gobierno tiene ante sí el desafío de hacer el mejor uso posible de esta inesperada tregua, de forma de contener la suba de precios que hace mella sobre todo en los hogares de menores recursos, cuyo mayor gasto se vuelca a la compra de alimentos y solventar necesidades básicas.
Pero en los hechos el margen de maniobra es muy acotado, porque la Administración Vázquez ha gastado a cuenta, y ha llegado la hora de pagar la factura por los subsidios, directos o encubiertos, que durante 2008 permitieron contener la inflación mediante la intervención del Estado. Claro que nada es gratis y lo que no se ajustó el año pasado para que la inflación no llegara a dos dígitos, debe hacerse ahora, para evitar males mayores.
Durante 2008 el Poder Ejecutivo entendió que las medidas anti inflacionarias debían ser prioridad, precisamente para evitar aumentos en el ámbito público que hubieran echado por tierra todo el esquema de manejo del gasto, que tampoco fue muy prolijo.
Y para ello se postergaron aumentos en tarifas públicas, sobre todo de UTE y de Ancap, organismos que se vieron afectados en sus finanzas por no haber adecuado las tarifas a su esquema de costos y ello explica que sus cuentas se fueran deteriorando significativamente. En el caso de la electricidad, la persistente sequía ha dado por tierra con las moderadas expectativas de que el uso a pleno de las centrales hidroeléctricas permitiera abatir gastos de generación, y así atenuar el impacto del reajuste, que se va a dar justo en año electoral, cuando el componente político de esas decisiones influye aún más.
La postergación de estos aumentos explica gran parte del deterioro de las cuentas fiscales en el último año, al punto que los números de UTE ya no dan, y seguir postergando sería hacerse trampas al solitario y dejar activa una bomba de tiempo.
En Ancap las cosas no son tan acuciantes, desde que haciendo abuso de su monopolio y pese al desplome de los precios del petróleo, que cayeron casi a una tercera parte de lo que se cotizaba a mediados de 2008, ha ido instrumentando rebajas muy esmirriadas, en algunos casos casi simbólicas, y de un saque dispuso recientemente un incremento de casi el 7 por ciento, sin que el gasoil haya llegado a los valores que había tenido en situaciones comparables del dólar y el crudo, por lo que esta diferencia ha sido absorbida por el consumidor.
El gran detonante de este reajuste y sinceramiento de cuentas parte sobre todo de que el gobierno no tiene margen de maniobra para seguir haciéndose cargo de ellos, porque ha aumentado en exceso el gasto público y comprometido erogaciones en base a una recaudación de época de bonanza que se va escurriendo lentamente por la caída en las exportaciones y la actividad en general.
De ahí que sin recursos adicionales, y ante tales compromisos, no pueda evitar trasladar los costos reales a las tarifas públicas, lo que es un factor inflacionario que se agrega a la incidencia de los aumentos salariales que se han acordado por parámetros que ya no son los mismos.
Estos son factores indeseados en cualquier economía, generadores de inflación e inestabilidad, por lo que el actual gobierno tiene ante sí el desafío --planteado en gran medida a sí mismo por errores que está comenzando a pagar-- de atenuar los impactos negativos, empleando en la mejor forma posible los instrumentos de política económica, por más que resulte atractivo y redituable desde el punto de vista electoral seguir postergando decisiones impopulares para cargarle el fardo al próximo gobierno.