Opinion | 11 May El fallo de una magistrada de Paysandú, por el que se procesó con prisión a los padres de un menor infractor fugado del Instituto Nacional del Menor (INAU) tiene carácter histórico en un país en el que la constante es no asumir ni determinar culpas, salvo en casos flagrantes, por una extrema tolerancia y laxitud en la aplicación de las leyes y normas, al punto que llega a ser una excepción aquello que debería ser regla. Eso explica en gran medida por qué se da la situación en que nos encontramos en éste como en tantos otros temas.
La magistrada atribuyó el delito de “omisión de los deberes de la patria potestad” a los padres del tristemente célebre “Maikol”, de larga trayectoria como delincuente, verdadero azote de la sociedad sanducera que sin embargo reviste carácter de inimputable por leyes que al sobreproteger al menor, en realidad conspiran contra toda la comunidad y contra quienes deberían ser protegidos y rehabilitados, tanto que se ha convertido en una licencia para delinquir sin tener que responder por ello. Según surge de la actuación judicial, los padres “nunca hicieron nada” para sacar al precoz delincuente de ese circuito, lo que a nuestro juicio y seguramente el de la enorme mayoría de la población, lejos de ser una excepción, es muy frecuente en el marco de un agudo deterioro social que determina que por acción u omisión, en el seno de la familia se encuentra el germen del problema y la degradación de valores que es génesis de este estado de cosas. Aún así, el procesamiento con prisión marca un antecedente que debe ser tenido en cuenta en el ámbito judicial, y si bien en este hecho concreto todo indica que es demasiado tarde para revertir un proceso de años, por lo menos debería servir de ejemplo para miles de situaciones similares que en menor o mayor grado se dan en nuestra sociedad, demasiado apegada a tolerar la violación del marco legal vigente, porque además --y esto seguramente es lo más importante a corregir-- tampoco hay demasiada inquietud por controlar que se cumpla. Cuando se actúa aplicando el texto legal en lo expreso y en el espíritu, surgen las excepciones como las que nos ocupa, que revelan que la actitud contemplativa deriva en prohijar más delincuencia y en diluir las responsabilidades de los mayores que no cumplen con el deber que tienen ante los menores a cargo y la sociedad misma.
Y como la actitud de los padres de “Maikol” dista de ser una rareza, lo que sí llama la atención --no debería si estuviéramos en un país en serio-- es que una jueza aplicara con precisión lo que surge del Código Penal para tipificarles el referido delito, lo que pone de relieve que en la Justicia hay una gama de interpretaciones que no condicen plenamente con lo que establece la normativa.
Es cierto, puede ser tarde para el caso de “Maikol” y otros muchos jóvenes, pero no lo es para otros cientos y miles que han pasado la mayor parte de su corta vida cometiendo infracciones, incluyendo robos, rapiñas, agresiones y hasta homicidios, escapándose de los hogares del INAU, que no solo no los rehabilita sino que tampoco sirve para contenerlos, por lo que hay fallas mucho más profundas en un sistema que ha demostrado que no tiene respuesta y que tiene a la sociedad como víctima, aunque el énfasis esté puesto en señalar que las únicas vícimas son los menores.
Porque si bien en esta oportunidad se ha remitido a los padres por probada omisión a sus deberes, al ocultar incluso los productos del robo del menor y nunca presentarse a las convocatorias de los magistrados, existen instrumentos a disposición de los jueces para que de alguna manera los infractores y sus responsables asuman responsabilidades, como realizar trabajos comunitarios durante determinado período y reparar de la forma que sea los daños cometidos contra terceros, solo por mencionar algunos ejemplos. Es cierto, para ello se necesita además una profunda revisión de procederes y responsabilidades de los organismos del Estado. Para que el INAU cumpla con su cometido de rehabilitar y contener mediante institutos adecuados, que no sean una parodia de hogar donde el menor hace lo que le place y se fuga cuando le da la gana, que desarrolle reales programas de rehabilitación, que el magistrado llame a responsabilidad a todos los involucrados, que se adopten mecanismos adecuados para instrumentar los trabajos comunitarios a quienes causen daños a terceros o a los bienes públicos, solo por mencionar algunos aspectos que deben complementarse con acciones profundas en educación y cultura de los valores que se han perdido, empezando por el respeto a los mayores, tan lamentablemente ausente en niños y jóvenes de todos los estratos sociales.