Opinion | 15 May El largo proceso parlamentario y las idas y venidas en el propio Poder Ejecutivo para la aprobación e instrumentación de la Ley de Seguro Obligatorio de Automotores pone de relieve las dificultades que se encuentran para hacer lo que se debe hacer en un país donde la cultura del todo vale ha generado un círculo vicioso que no se sabe dónde empieza pero sí donde termina, y que significa que al fin y al cabo en mayor o menor medida, todos resultamos perjudicados.
Y decimos largo proceso, porque primero hubo que asumir que la necesidad de hacer algo al respecto significaba legislar en carácter general y por ende modificar la cultura de la indiferencia para extender responsabilidades a quienes se niegan sistemáticamente a responder por ellas, y que hay costos que deben estar incluidos por quien da el paso de adquirir un vehículo, desde la modesta moto hasta el automóvil de más lujo, porque nadie puede sentirse al margen de la sociedad en la que está inserto desde que llega al mundo.
Para llegar a definir el proyecto de ley hubo que desarrollar largas negociaciones entre todos los partidos políticos y lograr consenso para establecer un texto que tuviera en cuenta la diversidad de situaciones que se dan en esta área, hasta que al final surgió una norma que en mayor o menor medida recogió los principales puntos en juego en la vasta problemática que involucra el tópico.
Esta norma iba a entrar en vigencia el 18 de este mes, pero el Poder Ejecutivo ha dado marcha atrás y procuró que su entrada en vigencia fuera postergada por un año, lo que inevitablemente lleva a deducir de entrada que se está apuntando a evitar el costo político de la aplicación de la norma ante la próxima elección nacional, desde que la ley implica que un sector de la población deberá afectar recursos para contratar el seguro obligatorio contra terceros.
Recientemente el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley de un solo artículo por el cual solicita la prórroga de un año para la entrada en vigencia de la ley 18.412, que obliga a todo vehículo a contar con un seguro contra terceros para circular, pero la bancada oficialista no estuvo de acuerdo y solo aprobó una postergación por tres meses. El gobierno argumenta problemas de fondos para solventar el Fondo de Indemnización de Coberturas Especiales que sería administrado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial y financiado por el gobierno y las aseguradoras, para lo que debería aportar unos 14 millones de dólares y las empresas de seguros unos siete millones, bajo el supuesto de que 200.000 seguros que se deberían contratar no se concreten.
Precisamente este es el meollo de la cuestión, pero a la vez debe tenerse presente que la ley se queda corta en cuanto a la suma a pagar por responsabilidad civil y tiene una cobertura que queda muy lejos de lo que debería ser para indemnizar por situaciones extremas, como el deceso del o los accidentados.
Claro que esto es mucho mejor que la situación actual, en la que quien no tiene seguros y no cuenta con medios para responder en el ámbito civil por daños a terceros es en los hechos un potencial “misil” contra el prójimo, por mayor cuidado y respeto a las normas que tenga al conducir, desde que hay imponderables que se dan en el momento menos pensado y que coinciden para que la fatalidad se haga presente, con consecuencias imprevisibles.
Es decir que la universalización del seguro es un imperativo en todo escenario que se evalúe, porque implica responder por los actos de cada uno y por los daños que se inflijan en el tránsito en el ámbito que sea. Además, el costo del contrato con la aseguradora, como así también el mantenimiento del vehículo y el pago de la patente, deberían ser tenidos en cuenta a la hora de decidir la compra de la unidad, por modesta que sea.
Pero este no es el común denominador en nuestro país, donde llegar a la moto o el auto suele medirse solo en el precio de la compra, porque se entiende que lo demás vendrá solo, y que si así no fuera, ya las cosas se van a arreglar de alguna forma.
Esta idiosincrasia de la irresponsabilidad es una rémora para hacer las cosas que se deben hacer, y el gobierno de turno, como los anteriores, parece haber recaído también en esto en la tesitura de “patear la pelota para adelante”, para no afrontar un presunto precio electoral que no se está dispuesto a pagar.