Opinion | 12 May ¿Por qué dona María tiene que pagar (los cursos para) la especialización de los profesionales?, fue uno de los conceptos manejados por el decano de Ciencias Sociales, Diego Piñeiro, al evaluar en el seno de la Universidad de la República la postura del rector de la alta casa de estudios, Rodrigo Arocena, respecto a extender la gratuidad a todos los cursos de la Universidad, incluyendo los posgrados.
El rector se inclinó abiertamente por la gratuidad en todos los cursos de posgrado que ofrecen todas las facultades estatales, y se afirmó en esta postura al evaluar que la Ley General de Educación establece inequívocamente que la Universidad no puede cobrar por ningún área de la capacitación que ofrece, lo que implica replantear el debate sobre el alcance del principio de la gratuidad y la necesidad de revisar la normativa interna vigente desde el 2001, que habilita el cobro de matrícula para estos cursos.
Profundizando su punto de vista en la página web de la Universidad, Arocena sostuvo que “a mi ver, queda establecida la gratuidad de la enseñanza de modo similar para todos los niveles de la educación formal considerados por la Ley General de Educación: inicial, primaria, media básica, media superior, terciaria y de posgrado”.
No todos los decanos están de acuerdo con la posición del rector, pero sí la federación de estudiantes FEUU, que mantiene su histórica y cómoda posición ideológica y considera “nefasta” la interpretación jurídica de la ley orgánica que permitió el cobro de matrícula a los posgrados y reiteró su disposición a modificarla.
Pero de acuerdo a la información publicada por el semanario “Búsqueda”, el cobro de los denominados derechos universitarios fue defendido por el decano de la Facultad de Ciencias Sociales Diego Piñeiro, quien advirtió sobre los efectos prácticos que podría tener el no cobro de matrícula en los posgrados, y consideró que “va a tener impactos muy profundos en las cosas que estamos haciendo en materia de enseñanza, tanto en posgrados como en formación continua”, a la vez de advertir que varios cursos que brinda su facultad no podrán continuar si se resuelve instalar la gratuidad también en ese nivel.
Sostuvo que se cobra matrícula cuando son especializaciones para profesionales, quienes las hacen para mejorar su posición laboral, y preguntó ¿por qué don Juan o doña María tienen que pagar para que ese profesional esté mejor colocado en el mercado de trabajo?”, en tanto en el orden de egresados, Norberto Cubría reclamó a las autoridades universitarias no seguir el camino hacia “una gratuidad inocente” y alejada de la realidad.
Aunque compartimos el concepto de Cubría, discrepamos con el calificativo de “inocente”, desde que lejos de inocencia, de lo que se trata es lisa y llanamente de prescindencia y desconsideración hacia la sociedad por autoridades universitarias en los tres órdenes, en una postura histórica que parte de su perfil elitista y centralista que ha tenido la alta casa de estudios, y que no se ha revertido significativamente pese al paso de las décadas.
Y el gran perjudicado sin dudas es el ciudadano común, sobre todo el del Interior, condenado a pagar la “gratuidad” de una enseñanza universitaria que solo es tal para Montevideo, pero que resulta muy cara para los sectores de menores y medianos ingresos de la sociedad si sus hijos apuntan a capacitarse en alguna de las carreras que se dictan solo en Montevideo --donde están ubicadas incluso las facultades de Agronomía y de Veterinaria, insólitamente-- lo que indica que toda la sociedad, hasta los más pobres, están financiando la enseñanza universitaria para estudiantes de familias de sectores medios altos y altos, los que están en condiciones de pagar matrícula y que son además la enorme mayoría de quienes concurren a la Universidad.
Es decir que esta gratuidad, cual vaca sagrada, es el colmo de la irracionalidad y de la soberbia ideológica, teñida de hipocresía, porque ha asumido que es una obligación que todos los uruguayos financiemos el colmo de la injusticia distributiva, desde que es una transferencia de recursos desde los más pobres a los sectores más pudientes, que bien pueden pagar sus estudios y con sus contribuciones acompañar el esfuerzo de la sociedad para permitir que efectivamente haya gratuidad para miles de jóvenes que no tienen posibilidades económicas de continuar sus estudios.
O sea que podría así pasarse de esta Universidad de una gratuidad excluyente a una incluyente y en los hechos redistributiva, por encima de los eslóganes, que es lo que hemos tenido hasta ahora.