Opinion | 14 May Con el ingreso en la recta final de la campaña electoral para las elecciones internas, que tendrán lugar el 28 de junio, a lo que seguirá la decisiva inherente a las elecciones nacionales de octubre, tras un breve reordenamiento interno partidario ante los resultados que se den en esta primera consulta, es evidente que la actividad legislativa se ha resentido, y que quienes son en  teoría empleados de toda la ciudadanía que los llevó a esos puestos con sus votos en la anterior elección nacional para legislar, están dedicando casi el cien por ciento del  tiempo a campañas con vistas a mantener su escaño o en respaldo de su precandidato presidencial.
Esta circunstancia, por supuesto, ha afectado la actividad en el Parlamento, donde las comisiones están reuniéndose a medias, y los plenarios logran quórum en contadas ocasiones, con el agregado de que los temas importantes en carpeta se van postergando para “algún” día, con algunas excepciones, como regla general.  
Este escenario, por supuesto, no se genera solo en esta oportunidad, sino que es una característica de nuestro sistema político, donde en cada período de gobierno se pierden prácticamente  dos años entre la instalación del nuevo gobierno y el período preelectoral.
Pero a la vez, con el paso de las décadas hemos ingresado en una decadencia del nivel parlamentario, sobre todo en la Cámara de Diputados, y no necesariamente en el plano político, desde que esta evaluación siempre está impregnada de elementos subjetivos, sino en el aspecto técnico, desde que se ha puesto de manifiesto una abierta desprolijidad en la elaboración de las leyes a la hora de traducir en el plano legal la expresión de la voluntad política de los legisladores.
En un análisis publicado en el semanario Búsqueda, el columnista Daniel Gianelli  trae a colación lo acaecido con la sanción en la Cámara de Diputados de una norma que obliga a las casas de venta de prendas de vestir a disponer de todos los talles de la  ropa que ofrecen al público.
En este caso nadie cuestiona la intención de contemplar a personas que por sus características físicas no siempre encuentran vestimenta adecuada en el comercio, pero sí que no se haya  tenido el sentido común de atender también el aspecto empresarial y tener en cuenta la situación de la gran mayoría de los comercios por tener capital inmovilizado para ocasionalmente vender estos  talles, a efectos de no caer en infracción ante la ley. Esta dificultad quedó de relieve en todo su delirio cuando el tema pasó a estudio en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores, la que recibió a delegados de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, que demostraron con contundencia de argumentos la imposibilidad, para el promedio de las empresas, de cumplir con  esta norma, que responde a concepciones de grandes centros comerciales y va a contramano de la segmentación y especialización que se da en el mundo moderno, donde se atiende por sectores de demanda en base a la especialización del comercio y disponibilidad de capital.
Al evaluar los elementos expuestos por los empresarios, senadores de  todos los partidos coincidieron en que esta ley resulta inaplicable, y que la Cámara de  Diputados incurrió en un  flagrante error, con  responsabilidades compartidas por todas las colectividades partidarias, al trasladar un concepto voluntarista a un texto legal en el que además se establecían multas para quienes no cumplieran con la oferta de todos los talles.
El punto es que en el análisis en comisión de la norma no se recibió a todos los grupos representativos de los sectores afectados por la norma en estudio, por lo que mal podían haberse manejado elementos de juicio valederos para llegar a una ley que se ajustara a la realidad, en lugar del escenario hipotético ideal imaginado por el legislador.
Por supuesto, este es solo un ejemplo de los errores que se cometen cuando se actúa con una visión “light” y facilista de la  tarea legislativa, donde a la hora de aterrizar los proyectos o las ideas voluntaristas se termina a veces haciendo más daño o causando más problemas que los que se pretende resolver, a lo que se agrega un déficit evidente en materia de conocimientos jurídicos para la redacción.
También pone de relieve, por si todavía no se ha tomado nota, de la necesidad de hacer lugar a la propuesta del Colegio de Abogados del Uruguay, que ha ofrecido asesoramiento profesional a efectos de evitar estos entuertos, que también conllevan la aprobación de normas inconstitucionales y confusiones que saltan más a la vista a la hora de la reglamentación de la ley, salvo que se termine aprobando un texto que no refleje la voluntad expresada por el cuerpo legislativo, por lo que se ingresaría en un problema aún mayor.