Opinion | 16 May En las últimas horas centenares de personas, desafiando las inclemencias del tiempo protagonizaron en Montevideo sendas marchas en el marco de manifestaciones ciudadanas contra la violencia y por la seguridad, en este caso en rechazo del asesinato de dos jóvenes con la excusa de enfrentamientos de hinchadas, pero siempre en el marco de una degradación de valores y desprecio por la vida humana que pone de relieve el grado de enajenación que se da en gran parte de la sociedad.
Esta demostración tuvo lugar a escasas horas de hechos simultáneos que han conmovido a todo el país, pero ello no quita el valor que de esta expresión de hartazgo de la ciudadanía ante la sucesión de hechos violentos irracionales, a primera vista inexplicables pero que no están fuera de contexto de la realidad que los uruguayos vivimos a diario, en el ámbito que sea.
Lamentablemente estamos ante un fenómeno que no tiene límites geográficos, desde que en mayor o menor medida se ha extendido desde los centros urbanos, especialmente Montevideo, hacia localidades pequeñas o enclaves del tipo que sean, pues guarda relación evidente con una filosofía de vida y cultivo de valores que han cambiado sustancialmente en los últimos años.
Por lo demás, la inseguridad se ha transformado en una manifestación compleja de muy difícil solución, si se tiene en cuenta que responde a una involución de valores que se cultivan desde la más tierna infancia. Y en el mejor de los casos solo puede tener respuestas valederas a largo plazo actuando sobre sus causas, aunque es posible mitigar sus consecuencias con acciones decididas sobre quienes las protagonizan, en defensa de los ciudadanos, víctimas elegidas por los delincuentes para sus métodos violentos de agresión.
Durante las marchas a que aludíamos, los jóvenes participantes entregaron una carta a la ministra del Interior, Daisy Tourné, en la que entre otros conceptos le preguntaron “¿Cuántos adolescentes tendrán que morir para que realmente se efectúen cambios en el Código del Menor? No aguantamos más ministra, la sociedad está en llamas: robos, violaciones, homicidios”, a la vez que pidieron medidas más duras y “poner límites severos”.
Suponemos que la ministra debe estar preocupada y ocupada con la situación, en vez de insistir en su habitual intento de hacer responsables a los medios de crear una sensación térmica alarmista, y asumiendo que la nota entregada por los jóvenes -que también son “menores” pero saben que eso no significa no tener responsabilidades- recoge en buena medida el sentimiento de la enorme mayoría de la sociedad, por encima de banderías, pese a que la secretaria de Estado se ha esforzado por atribuir estos reclamos a la “manija” de la oposición y los medios, como si cada uruguayo no supiera --y sufriera-- el problema en cualquier ámbito en que se encuentre.
La ministra comentó que “cuando pasa esto horrible e impactante, surgen los cracks que solucionan todo y no van al fondo del problema”, presumimos que en referencia a la situación puntual en el plano de las hinchadas de clubes deportivos. Pero el problema es mucho más profundo y su solución pasa porque el gobierno realmente reconozca que la inseguridad y el auge de la delincuencia no son un invento de los medios, sino una realidad que ha calado hondo y que es una amenaza que está a la vuelta de la esquina, en cada momento y lugar. Lo prueba el hecho de que hasta en los lugares otrora más tranquilos, la población está atemorizada, y quien va caminando por la calle ya no lo hace despreocupadamente, sino que en acto reflejo y nervioso mira continuamente en derredor ante el temor de ser sorprendido por el arrebatador o el rapiñero, en tanto los comerciantes atienden por la noche a través de rejas y ni siquiera se atreven a abrirle al vecino.
Con los antecedentes de la política de apertura de cárceles del ex ministro José Díaz, de la renuencia manifiesta del gobierno a utilizar mano dura contra los delincuentes, de sus legisladores a modificar leyes que invitan a delinquir sin tener que pagar por ello --porque entienden que la sociedad debe responder por la discriminación que hace que los marginados se venguen robándola y agrediéndola--, difícilmente en año electoral el gobierno haga una cosa distinta a la que hizo o dejó de hacer durante cuatro años en procura de la seguridad ciudadana.
Esto quiere decir que seguirá tratando de engañar a la población, con cierto dejo paternal como si se tratara de un niño, con la excusa de no “hacerle el juego a los medios”. Esto no es otra cosa que admitir que el país deberá seguir esperando décadas, cuando según el gobierno el problema se irá solucionando como por arte de magia merced a sus políticas sociales. Las que al fin de cuentas hasta ahora han logrado el resultado inverso, a juzgar por lo que el ciudadano percibe a diario.