Opinion | 20 May La habitual tranquilidad de la tarde sanducera, más allá del movimiento comercial céntrico que se da en fechas puntuales, se vio conmovida el lunes por la concentración espontánea de decenas de vecinos de una barriada que manifestó ante la sede judicial su disconformidad con la actuación de la Justicia en un episodio en el que un delincuente, con varios antecedentes, fue puesto en libertad por el magistrado actuante pese a que los damnificados consideraron que había un cúmulo de pruebas en su contra.
Y es comprensible que la población considere que las garantías siempre están del lado de los delincuentes --mucho más si son menores, aunque este no es el caso-- por cuanto el sujeto fue puesto en libertad tras haber sido capturado por la Policía en una persecución en la que los efectivos arriesgaron su integridad personal, y a la vez los vecinos constataron que ingresó a varias viviendas, agredió a una mujer y hasta había ocultado electrodomésticos sustraídos para llevárselos.
En la consideración del ciudadano común, y también ante la experiencia que da la vida, surge claramente que estamos ante un intento de robo sin mayor prurito, y una acción policial y de la población que esta vez en forma solidaria colaboró para que el malhechor fuera atrapado.
Por supuesto, el juez tiene que actuar en base a los elementos de prueba que se le presentan y también por convicción, y este es precisamente el aspecto que queda en duda en este operativo, desde que si bien el magistrado manifestó que los antecedentes no pueden obrar como un estigma indiscutible para promover procesamientos, sí es un elemento adicional cuando se acumulan hechos coincidentes que ponen de relieve que hubo un intento de robo con una persona plenamente identificada. Por supuesto, en favor de las dudas del magistrado incide que a su entender la Policía no aportó suficientes elementos, y que otros aspectos que surgieron a la luz pública no fueron puestos en su conocimiento en tiempo y forma, lo que no invalida igualmente que día a día, ante este tipo de situaciones, el ciudadano reafirme su impresión de que en nuestro país solo valen los derechos de los delincuentes, y que al fin de cuentas la mejor decisión para el vecino es rodearse de rejas, mientras constate que quienes delinquen solo desfilan por los juzgados y no son recluidos para purgar por sus delitos.