Opinion | 22 May Hace 15 años, más exactamente el 24 de agosto de 1994, sectores del Frente Amplio organizaron una protesta contra la extradición a España de tres terroristas de la organización separatista vasca ETA, acusados de múltiples asesinatos, quienes sin embargo fueron considerados por la izquierda uruguaya poco menos que como abanderados de la lucha por los derechos humanos y del pueblo vasco, por lo que resistieron la decisión del gobierno de entonces, encabezado por Luis Alberto Lacalle, de otorgar la extradición pedida por el gobierno español para que fueran juzgados por esos crímenes.
En nuestro país, sin embargo, grupos radicales del Frente Amplio, a los que siguieron otros grupos más moderados para “no perder rueda” en esta presunta reivindicación popular, protagonizaron una asonada frente al Hospital Filtro, en la que los manifestantes agredieron a las fuerzas policiales y durante la represión murió uno de los integrantes de los grupos que procuraban evitar la extradición y se enfrentaron con la Policía.
Una muerte siempre es de lamentar, y en este caso mucho más, porque pudo haberse evitado con un mínimo de sentido común, aunque naturalmente, en este tipo de protesta al fin y al cabo se están buscando mártires para después enrostrarlos en cada acontecimiento a quienes estaban del lado de la represión. Pero en esta oportunidad, con el paso de los años, uno de los participantes activos en la convocatoria, Jorge Zabalza, reconoció que en una de las camionetas había grupos de jóvenes preparados para intervenir a sangre y fuego si la situación lo requería, lo que desmiente el “verso” de una expresión popular pacífica, cuando se trataba simplemente de grupos de activistas que en el marco de su postura ideológica trataban de resistir una resolución judicial que implicaba poder juzgar a los acusados en su país, dentro del estado de derecho y con todas las garantías.
En aquel momento se pretendió engañar a la ciudadanía tratando de presentar a los acusados como perseguidos políticos y víctimas, cuando en realidad se trataba de terroristas integrantes de una de las bandas reconocida mundialmente por su crueldad y el uso de repugnantes métodos para intimidar a jueces, gobernantes y ciudadanos que no comulguen con sus ideas o sus métodos.
Recientemente, la justicia española resolvió una condena a 27 años de prisión para Miguel Ibáñez Oteiza, uno de los “inocentes” defendidos por los delirantes de siempre en la asonada del Hospital Filtro, junto a Luis Lizarralde y Jesús Goitía, los que ya habían sido objeto de largas condenas por múltiples asesinatos, en tanto en primera instancia Ibáñez había sido liberado por falta de pruebas.
Pero ahora le ha sido probada la autoría de “homicidio alevoso” por un crimen que cometió en 1988, tras ser detenido en el aeropuerto de París hace dos años al llegar desde Montevideo, ciudad en la que se encontraba desde los sucesos de 1994. Fue así juzgado por segunda y definitiva vez, en esta oportunidad con pruebas, por lo que al fin de cuentas los tres etarras que fueron extraditados en 1994 tuvieron comprobada participación en crímenes de lesa humanidad, como los que cometen todos los terroristas que con la excusa de su ideología en apoyo de causas “populares” atentan contra vidas inocentes con la mayor naturalidad del mundo, y hasta pretenden (a veces lo logran) ser erigidos en mártires por los desquiciados que levantan la bandera de que el fin justifica los medios, siempre y cuando ello arrime agua para su molino.
Pero con el tiempo y el devenir de los acontecimientos, la verdad aviesamente ocultada aparece, y por lo tanto ha quedado una vez más expuesto que siempre hay energúmenos dispuestos a salir detrás de los eslóganes como si fueran la verdad absoluta, simplemente porque sirven a su fin ideológico.
Los acontecimientos disfrazados o distorsionados son funcionales por un tiempo a quienes apuestan a la confusión y escasa memoria del ciudadano común, al que se le presentan hechos falsos a la medida de las ideas que se quiere inculcar, como precisamente han tratado de presentar a la guerrilla tupamara algunos cultores de la historia reciente.
Pero se cuidan muy bien de señalar que los sediciosos se alzaron en armas en plena democracia, porque apostaban a tomar el poder por la fuerza, y no ante una dictadura, la que precisamente pudo instaurarse en el Uruguay porque los terroristas les dieron, con sus delirantes atentados a espaldas del pueblo, la excusa que estaban buscando.