LEY DE COLONIZACIÓN

Locales | 18 May En tanto ya se han presentado recursos ante la Suprema corte de Justicia en dos departamentos, en el caso de Paysandú se han estado recogiendo adhesiones entre colonos afectados por la Ley 18.187 y también se espera contar con la incorporación de colonos de departamentos cercanos, señaló a EL TELEGRAFO el Dr. Nicolás Olivera, asesor de colonos de la zona.
Indicó que por ahora se ha ingresado en un “impasse” a la espera de lo que surja del estudio legislativo de la norma, desde que ésta podría ser modificada, de acuerdo a lo que han expresado legisladores de todos los partidos, De cambiarse la norma se volvería inútil el recurso contra la ley, y en caso de no resultar satisfactorio el nuevo texto legal, se deberá recurrir la ley sustitutiva.
Olivera aludió de esta forma a la situación en la que se encuentran los colonos que compraron sus propiedades a través del Departamento Rural del Banco Hipotecario del Uruguay en la primera mitad del Siglo XX, y que por la ley 18.187 han sido asimilados a la norma que creó el Instituto Nacional de Colonización (INC) de 1948, por la que dependen de la autorización del organismo para enajenar o disponer de predios de los que tenían libre disponibilidad.
Esta situación afecta seriamente el valor de las propiedades, que han caído en su cotización en forma acentuada, y a la vez los bancos tampoco conceden préstamos con las garantías de estas propiedades, por lo que se ha generado un movimiento de colonos que promueve la derogación o cambios profundos en la ley, que les permita volver a la situación anterior.
Esta reivindicación ha sido recogida solo parcialmente por los legisladores, en tanto el INC sigue defendiendo la norma y hasta ahora lo que se ha logrado es una nueva prórroga, hasta mayo del año que viene, para que los colonos cumplan con el requisito de registrar sus predios ante el organismo, pero sin poder salir de la égida del INC.
Los colonos cuentan con el respaldo de la Asociación de Escribanos del Uruguay y han obtenido pronunciamientos favorables del Colegio de Abogados, así como de entidades rurales, y una parte de los damnificados ya ha presentado recursos de inconstitucionalidad contra la ley 18.187. Olivera precisó que “estamos un poco a la expectativa de ver que es lo que pasa con la posible modificación de la ley, por cuanto la normativa ha pasado a comisión del Senado. Debemos tener en cuenta que si iniciamos una acción de inconstitucionalidad contra la ley, y ésta después cambia, queda sin sustento el recurso de inconstitucionalidad y tenemos que iniciar otro contra la nueva ley”. “Por lo tanto estamos a la expectativa respecto a lo que pueda acontecer en el Senado”, apuntó el Dr. Olivera, quien a la vez no descartó que teniendo en cuenta los tiempos electorales, el tema quede en espera a lo que se resuelva en la próxima legislatura.