ESCRIBE EL DR. RODOLFO CANABAL

Locales | 27 May Cuando, hacia comienzos del año 2006, trascendió la noticia de que se consideraba la eventual transformación del destino inicialmente previsto para el edificio entonces en construcción para Palacio de Justicia, se expresó en esta columna que quienes desde hace muchísimos años, y con muy distintas actividades, hemos mantenido vinculación intensa con el funcionamiento de la  Administración de Justicia, no podíamos recibir con agrado, sino todo lo contrario, la información que daba cuenta de que se analizaba la posibilidad de concretar tal alteración de destino  para dicha obra, iniciada su construcción en l963 como etapa de un emprendimiento pensado hacia mediados de la tercera década del siglo anterior. Y tal sentimiento de frustración es especialmente intenso si se tiene en cuenta que no sería sino la culminación de un proceso en el cual los diversos gobiernos nacionales que estuvieron al frente del  Poder Ejecutivo mantuvieron, en materia de asignación de recursos para las respectivas obras en los sucesivos proyectos presupuestales, una actitud restrictiva al respecto.
Actitud restrictiva, cabe recordar, que en el período 1985/1990 hasta llegó a imponer a la Suprema Corte de Justicia la necesidad de reestructurar, de modo total, el proyecto en construcción, al no poder extender la obra al predio ubicado del otro lado de la calle San José. Al Poder Judicial,  en concepto de cambio ante tal despojo, se le asignan viejos edificios que deben ser ampliamente remodelados para que pueda atender ya viejas necesidades para el alojamiento de las oficinas judiciales,  que por tanto serán algo así como un remiendo a la situación actual que ha dado lugar a que desde allí se afirme que se desea dejar de tener la calidad de  inquilino de numerosos locales. Como entonces se expresó en esta columna, con profunda convicción, y además, como  también aquí se señaló,  con gran pena y decepción, pues además de ser claro despojo es equivalente a muy grave falta de consideración  y también, en esencia,  de respeto hacia el Poder Judicial y a quienes tienen actividades que se desarrollan indispensablemente ante la Administración de Justicia.
    El hecho es además algo totalmente innecesario en la medida en que el Poder Ejecutivo dispone hace ya casi un cuarto de siglo de una sede excelente, que no existe necesidad alguna para  abandonar; se ha informado que ella  se transferirá  a ASSE para su transformación en  hospital, posiblemente para la atención de traumatismos graves.
 Como también entonces aquí se sostuvo y corresponde reiterar, es un episodio que en lugar de estar  fundado en la fuerza de la razón, lo está  en la razón de la fuerza,  pues en verdad equivale a imponer algo que nadie, sensatamente, habría podido siquiera imaginar que podía ser propuesto al Poder Judicial.
  No es menester agregar nada más para explicar que, en el caso, el Poder Ejecutivo ha despojado al Poder Judicial del edificio que se proyectó y se construía como Palacio de Justicia, destinado a alojar en una sede especialmente estructurada al respecto, vale decir, en forma centralizada, algo sin duda necesario,  si no indispensable,  para facilitar, y en realidad  ordenar,  el ejercicio de las tareas de la Administración de Justicia, y  paralelamente la de los profesionales y auxiliares que ante la misma ejercen sus importantes y en realidad indispensables tareas, unos y otros actuando en procura de la aplicación del régimen jurídico en nuestro Estado de Derecho.