Opinion | 23 May Hace pocas horas el Senado se disponía a recibir al ministro de Economía y Finanzas, contador Alvaro García, ante convocatoria del senador nacionalista Francisco Gallinal, para escuchar del secretario de Estado las explicaciones del motivo por el cual el Poder Ejecutivo había violado la ley, promovida precisamente por el propio gobierno sobre el endeudamiento que podía contraer como forma de mantener las cuentas fiscales dentro de límites razonables. Pero la Cámara Alta no pudo sesionar por falta de quórum. Claro, no es esta la primera ni será la última vez que una cámara no cuente con el número suficiente de integrantes para sesionar, tal como está reglamentado, pero lo que sí llama la atención en esta oportunidad es que no concurrieran los convocantes, es decir la oposición representada en esta instancia por el Partido Nacional, por lo que ni lerdos ni perezosos los integrantes de la bancada oficialista se mantuvieron en los ambulatorios del palacio, especulando con entrar si se presentaban sus adversarios políticos, lo que no ocurrió dentro del plazo establecido. Ocurre que a la misma hora para la que estaba fijada la sesión, dirigentes nacionalistas, entre ellos varios senadores, se encontraban realizando actividades públicas de cara a las elecciones internas del próximo 28, y no hubo siquiera una previsión elemental de postergar o adelantar los actos políticos para estar presentes en esta sesión.
Por supuesto, en esta alteración de prioridades no hay colectividad política exenta de culpa, y solo mencionamos este caso como una muestra más de la distorsión que se ha generado en el trabajo parlamentario como consecuencia del tiempo compartido que ejercen quienes deberían estar trabajando a pleno horario --es un decir-- para los ciudadanos que con sus votos los llevaron a esos cargos.
En el Interior esta particularidad se pone de manifiesto recurrentemente en estos tiempos, desde que dirigentes políticos a quienes muchas veces ni se les conocía la cara aparecen en forma frecuente, al punto que en pocos días registran más visitas que en años de tarea parlamentaria, lo que indica que el contacto directo con la ciudadanía importa a la hora de pedir el voto y no al momento de rendir cuentas sobre su trabajo legislativo. Pero sería injusto cargar las tintas solo sobre los parlamentarios, desde que pese a las advertencias en contrario que vertiera en más de una oportunidad el presidente Tabaré Vázquez, la mayoría de los ministros está en plena campaña proselitista, en apoyo a los respectivos precandidatos del oficialismo, lo que revela que en todos lados se cuecen habas, y que quien más quien menos no solo está preocupado por su suerte política, sino que no vacila en sustraer gran parte del tiempo a sus funciones específicas para ocuparse de intentar asegurarse un lugar en el próximo gobierno.
Esta actitud, que es generalizada y con muy escasas excepciones, se repite en cada instancia preelectoral, y significa dificultades adicionales a la tarea de gobernar, desde que por otro lado, al año que prácticamente se pierde en campaña se agrega un período similar de reacomodamiento del nuevo gobierno, incluyendo la renovación de cargos legislativos, designación de ministros, directores de empresas públicas y de organismos estatales, entre otras áreas, sin olvidar el período preelectoral para las elecciones departamentales, que también involucra a la dirigencia nacional en apoyo a sus candidatos locales, en muchos casos.
Es cierto, no hay instrumento para medir cuánto influye esta circunstancia en la calidad del trabajo de un gobierno, y en todo caso, estaríamos ante evaluaciones teñidas de subjetividad, pero no puede obviarse que estamos muy lejos de la forma de hacer política que se practica en otros países, sobre todo europeos, donde el carnaval electoral no existe, al punto que a veces el visitante ni siquiera se entera de que se está en plena campaña política, por cuanto ésta dura apenas algunas semanas y no hay ni por asomo el despliegue que se observa por estas latitudes.
Igualmente eso sería una cosa menor si el exceso permitiera una mejor información y elementos de juicio para el votante, pero lamentablemente la realidad indica que se está durante meses ante argumentos ya repetidos hasta el hartazgo por todos los candidatos, lo que termina agotando a los protagonistas directos y al ciudadano, por extender durante un año lo que podría y debería hacerse en no más de un mes, como aconseja el sentido común.